La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón tiene sobre la mesa informes contradictorios de la Policía Nacional, el CNI y la Guardia Civil sobre las entradas del 30 y 31 de julio.
María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional que lleva la investigación de las masivas llegadas a Ceuta los días 30 y 31 de julio, ha recibido recientemente informes contradictorios procedentes de la Policía Nacional, del CNI y de la Guardia Civil sobre la implicación de Marruecos.
En su informe de 42 páginas, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional señala que sus agentes entrevistaron a 81 inmigrantes, levantaron 13 actas de declaración y cruzaron testimonios, fotografías y vídeos. Con ese material identifican a 18 individuos vinculados a la actuación de las autoridades marroquíes, entre los que se encuentran Younes Tazi, gobernador de Tánger-Tetuán-Alhucemas, y Mohamed El Oualidi, prefecto de Policía de Tetuán.
Los investigadores policiales consideran que la actuación común de policías, gendarmes y autoridades civiles «apunta a una acción planificada y organizada». Precisan, sin embargo, que son indicios bajo investigación, los cuales aún no demuestran quién habría ordenado facilitar las entradas ni una posible intervención del Gobierno marroquí.
El CNI, mediante un informe de nueve páginas enviado a Tardón en noviembre, sostiene que no se dispone de pruebas que permitan afirmar que las autoridades marroquíes incitaran o coordinaran la avalancha. Los espías admiten que un Estado podría impulsar una operación de estas dimensiones mediante una estrategia de guerra híbrida, y citan los organismos marroquíes capaces de ejecutarla.
El CNI admite igualmente que Marruecos estaba al tanto de las convocatorias y que sus decisiones propiciaron las entradas, achacándolo a la prioridad otorgada a la seguridad de los actos de la Fiesta del Trono en el palacio real de Rincón. Describe el comportamiento de las fuerzas marroquíes como una «actitud pasiva» que permitió el acceso irregular de miles de personas, atribuible a prioridades operativas y reacción tardía, y sostiene que no hay evidencias de una decisión estatal deliberada.
La Jefatura de Información de la Guardia Civil pone en duda, en un informe del 11 de noviembre, que el CNI calificara de alerta previa los contactos informales sostenidos con sus agentes el 29 de julio. Subraya además que el CNI sí envió una comunicación oficial de alerta temprana a los servicios de inteligencia marroquíes.
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