La jueza fija la indemnización a la antigua concesionaria por las ganancias perdidas desde 2017 hasta 2022, cuando vencía el contrato. El Consell puede recurrir la resolución en quince días.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma ordena a la institución insular pagar 16.930.970 euros extra a la antigua concesionaria del túnel de Sóller, a los que se sumarán los intereses legales generados desde junio de 2022. La magistrada Sonia Martín Pastor firmó el auto el martes 10 de noviembre, con el que queda cuantificada la compensación por el rescate de la concesión que el Consell de Mallorca aprobó en 2017.
Antes, en diciembre de 2017, el Consell había abonado ya 16,3 millones a la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, momento en el que retomó de forma anticipada la gestión del paso y dejó sin efecto el cobro del peaje. Con esta nueva partida, la factura global de la operación supera los 33,2 millones de euros, según el documento judicial, y crecerá todavía más al añadirse los intereses.
El pleno dio luz verde a la medida el 2 de agosto de 2017 con los votos de PSIB, MÉS, Podemos y El PI; PP y Ciudadanos votaron en contra. La concesión habría vencido de manera natural el 30 de junio de 2022. Sin embargo, el rescate fue anulado en varias instancias: en 2020 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma, después por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y, por último, en julio de 2023, por el Tribunal Supremo, que entendió que no estaba suficientemente justificado. Al estar ya extinguido el contrato, la devolución de la explotación a la empresa dejó de ser factible, de modo que el auto establece una indemnización por las ganancias no percibidas desde diciembre de 2017 hasta junio de 2022.
El desacuerdo se centraba en la cuantía. El Consell defendía que no correspondía ningún pago adicional, porque sus técnicos estimaron un daño de 13,8 millones, cifra inferior a lo ya abonado, e incorporaron al cálculo la incidencia del covid en la circulación de 2020 y 2021. Por su parte, la sociedad presentó un dictamen de KPMG que llevaba el perjuicio hasta 28,23 millones.
La jueza otorga más fiabilidad a los cálculos de la empresa, avala una tasa de rentabilidad del 8,06 %, en lugar del 12,48 % que propugnan dos catedráticos de la Universitat de les Illes Balears, y señala incoherencias en los informes que aportó la institución. Así, establece el perjuicio en 28.233.293 euros a diciembre de 2017 y, tras restar los 16,29 millones ya abonados y actualizar el importe pendiente hasta junio de 2022, la indemnización extra asciende a 16.930.970 euros. En 2024, el gobierno insular en funciones ya preveía que el desembolso total podría llegar a 31,5 millones.
La resolución no es firme. Desde su notificación, las partes disponen de quince días para presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Más sobre este tema
Más sobre este tema
- 13 novEl PP respalda al vicepresidente de Vox del Consell de Mallorca, investigado por malversación
- 4 novMariano Juan defiende en el Parlament que la ley agraria del Govern va en la línea de las medidas del Consell de Ibiza
- 4 novVox propone en las Corts que no se pueda restablecer la legalidad urbanística tras seis meses de control municipal pese a la observación esencial del Consell Jurídic Consultiu


Comentarios