Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos buscan así agilizar la expulsión de solicitantes de asilo rechazados. El proyecto genera fuerte rechazo entre los defensores de los derechos humanos, y España se opone a él.
Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado con el Gobierno de Ruanda abrir en 2027 el primer centro de retorno para inmigrantes expulsados desde la Unión Europea. El anuncio lo hizo este lunes en Viena el canciller federal austriaco, el conservador Christian Stocker, tras una reunión con los ministros del Interior de Ruanda y de los cinco países europeos. Es el primer centro de este tipo que se aprueba desde que, el pasado agosto, entró en vigor la posibilidad de crear centros de retorno en terceros países.
Stocker habló de un «cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria» de la UE. Según explicó, esos centros pretenden «privar a los traficantes de su inhumano modelo de negocio y evitar así las muertes en el Mediterráneo y en otras rutas peligrosas», además de «aliviar» a los países europeos, que afrontan una gran presión por los flujos migratorios de los últimos años. «Si las personas sin derecho de residencia en la Unión Europea no pueden ser expulsadas del país, todo nuestro sistema de asilo se vuelve un absurdo.» «Y, por consiguiente, no lo vamos a permitir», afirmó.
Solo podrán ser enviados a Ruanda aquellos solicitantes de asilo que hayan recibido un rechazo definitivo, es decir, quienes ya hayan agotado todas las instancias judiciales para permanecer en Europa y cuya devolución inmediata resulte imposible, por ejemplo porque su gobierno se niegue a readmitirlos. Quedan excluidos los menores no acompañados. A diferencia del plan que el Reino Unido planteó con Ruanda, que fracasó, el nuevo acuerdo fija estas condiciones.
La primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, afirmó que lo que se promueve y se exige es «un sistema de migración más sostenible y también más ordenado». Vincent Biruta, ministro del Interior de Ruanda, aseguró que los trasladados serán tratados «con dignidad» y de forma justa. Por su parte, el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, señaló que el plan se aplicará en cooperación con organizaciones internacionales y cumpliendo la legislación europea y los derechos humanos.
Entre los países que soportan más presión migratoria (España, Chipre, Italia y Grecia), solo Grecia ha pactado la apertura del centro. España es el único que rechaza estos centros y ha pedido que se investigue si se ajustan a los Tratados de la Unión Europea.
La Comisión Europea «celebra» la iniciativa, según declaró su portavoz de Interior y Migración, Markus Lammert, y señaló que sus servicios han monitorizado de cerca los trabajos preparatorios. Bruselas permanece a la espera de conocer los pormenores del proyecto antes de valorarlo y determinar si podrá financiarse con fondos europeos.
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