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El Gobierno reduce de seis a tres meses el plazo para generar el derecho a las ayudas por dependencia

El decreto entró en vigor el jueves 12 de noviembre y afecta a los expedientes sin resolución expresa. No supone aprobación automática ni acaba de golpe con los retrasos en las valoraciones.

·16 de noviembre de 2026·1 min de lectura

El decreto entró en vigor el jueves 12 de noviembre y afecta a los expedientes sin resolución expresa. No supone aprobación automática ni acaba de golpe con los retrasos en las valoraciones.

El martes 10 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que establece que el plazo para obtener el derecho a las prestaciones de dependencia pasa de seis a tres meses cuando no exista una resolución expresa. La norma entró en vigor el jueves 12 y busca agilizar la resolución de los expedientes.

Hasta ahora, el plazo legal para resolver ya era de tres meses, pero sin respuesta expresa el derecho económico o de servicio tardaba hasta seis en generarse. La primera disposición final de la Ley de Dependencia indica que, tanto si la Administración gestiona por separado el reconocimiento de la dependencia como la concesión de la prestación, el intervalo máximo entre la solicitud inicial y la resolución no podrá superar los tres meses. Así, el derecho se genera desde la resolución de reconocimiento o, si no hay respuesta expresa, cuando pasan tres meses desde la solicitud.

Superar ese plazo no implica que la solicitud quede aprobada ni que se empiece a cobrar de inmediato. La Administración conserva la facultad de decidir qué prestación o servicio se ajusta mejor a cada caso. Además, la reducción del plazo es una obligación legal, pero no garantiza que desaparezcan de inmediato los retrasos acumulados en los servicios de valoración.

Según los datos del Imserso de octubre de 2026, más de 1,8 millones de personas reciben alguna prestación o servicio de atención a la dependencia. Estas ayudas proporcionan apoyos para que los beneficiarios puedan realizar las tareas más básicas de su vida diaria. El texto normativo señala que contribuyen a aliviar la carga física, emocional y económica que recae sobre las familias.

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