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Los proyectos de ley decaen con la disolución de las Cortes y 89 textos quedan sin aprobar

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El Mundo (España)

Los proyectos de ley decaen con la disolución de las Cortes y 89 textos quedan sin aprobar

Caducan también 219 proposiciones en tramitación, y entre ellas la reforma de la Ley de Educación y la de Información Clasificada. El próximo Gobierno tendrá que volver a empezar.

·17 de noviembre de 2026·4 min de lectura

Caducan también 219 proposiciones en tramitación, y entre ellas la reforma de la Ley de Educación y la de Información Clasificada. El próximo Gobierno tendrá que volver a empezar.

En pocas líneas

  • La legislatura ha concluido, por primera vez en democracia, sin contar con cuentas propias.
  • Junts anunció en 2025 su ruptura con el Ejecutivo.
  • El proyecto de ley de Información Clasificada, aprobado en julio de 2025, decayó tras más de un año en plazo de enmiendas.
  • El proyecto de ley orgánica de Integridad Pública, parte del plan de regeneración y lucha contra la corrupción, también ha decaído.

La legislatura terminó el 5 de octubre y con ella caducaron todos los textos que seguían en trámite. Algunos habían sido aprobados hace muy poco por el Consejo de Ministros, otros acumulaban meses de aplazamientos y varios nacieron hace años. De estos últimos, algunos ya habían decaído antes, fueron recuperados por el Ejecutivo y han vuelto a perderse con el anticipo electoral.

El Congreso quedó estancado al no contar con la mayoría necesaria que apoyara al Gobierno. El Ejecutivo se sostenía con formaciones muy diversas que lo apoyaban a cambio de cesiones, y ese bloque se desmoronó hace un año, cuando Junts anunció su ruptura con el Gobierno. Desde entonces resultó imposible aprobar los Presupuestos y, por primera vez en la democracia, la legislatura terminó sin sus propias cuentas.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, convocó elecciones y reprochó a la mayoría parlamentaria «dar la espalda a la gente» después de los recientes fracasos en la Cámara Baja.

Los Presupuestos y la financiación autonómica figuran entre los asuntos que el próximo Gobierno tendrá que retomar, junto con otras reformas que se han quedado a medias.

Entre los proyectos afectados está la reforma de la Ley de Educación, cuyos puntos clave eran reducir el número de alumnos por clase y regular la jornada lectiva del profesorado no universitario. Los sindicatos la veían positiva pero insuficiente. Los profesores ya conocen que tendrán que esperar a la constitución de un nuevo Gobierno y de un nuevo Parlamento para retomar la reforma y el Estatuto del Profesorado. Fernando Martín, maestro de primaria en Madrid, lamenta: «Iba a ser la legislatura del profesorado y al final no hemos visto nada». «Hemos pasado por mil leyes para seguir siendo moneda de cambio político y estar en medio de los tiras y aflojas de derechas e izquierdas», añade.

También ha decaído el proyecto de ley de Información Clasificada, que el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2025. Pretendía sustituir la ley preconstitucional de Secretos Oficiales de 1968 y equiparar a España con los estándares de la UE. El texto llevaba más de un año en plazo de enmiendas y no era la primera vez que una reforma así se perdía: el PNV defendía desde 2016 fijar un plazo de clasificación de 25 años para los documentos secretos y de 10 para los reservados, pero su propuesta quedó parada en la Comisión de Defensa hasta que el Gobierno presentó la suya en el verano de 2025.

«El proyecto que ha decaído no solucionaba nuestros problemas», explica Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense. Según este historiador, quien requiera documentación clasificada debe solicitar autorización al archivo y al organismo o ministerio competente, enfrentándose a trámites extensos y, con frecuencia, a respuestas negativas o a la ausencia de respuesta. Gómez Bravo afirma que se reunieron más de 10.000 firmas que se elevaron al Congreso para pedir desclasificaciones, sin resultado.

Otro de los textos pendientes es la ley orgánica de Integridad Pública, uno de los últimos que el Gobierno remitió a la Cámara dentro de su plan de regeneración y lucha contra la corrupción. La reforma implicaba modificar hasta media docena de leyes orgánicas, entre ellas la del régimen electoral, el Código Penal, la de Protección de Datos, el régimen penitenciario y la de financiación de partidos. Creaba una Agencia Independiente de Integridad Pública y reforzaba el control sobre partidos y fundaciones, al obligarlos a someterse a auditorías externas y a hacer públicas las donaciones recibidas. Además, ampliaba la prescripción de los delitos de corrupción, elevaba las penas máximas de inhabilitación y condicionaba el acceso a beneficios penitenciarios a reparar el daño defraudado.

José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), valora que el texto hiciera pagar tanto a corruptos como a corruptores, pero lamenta su caída. A su juicio, supone perder la oportunidad de abordar que los mecanismos ordinarios de control no han detectado determinadas irregularidades. Mollinedo considera que el proyecto requería correcciones y que carecía de una regulación integral del control de los grupos de interés y de las puertas giratorias.

Fuentes y datos: Madrid: escaños en juego y encuestas para el 29-N, Junts: cuántos escaños puede sacar el 29-N y Media de encuestas de hoy.

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