Interior anunció el veto tras las cargas de la huelga general del 11 de noviembre, pero el protocolo aprobado el 16 solo desaconseja el espray en cuatro supuestos, entre ellos las manifestaciones. El SUP, sindicato mayoritario, critica que la decisión quede en manos del agente, que deberá justificar su uso.
El protocolo recién aprobado el 16 de noviembre sobre el empleo de espráis de defensa personal por la Policía Nacional no incluye la prohibición en manifestaciones que había anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de las controvertidas intervenciones policiales durante la huelga general del 11 de noviembre. El Ministerio del Interior había prohibido su utilización y había encargado la revisión del protocolo, que no se actualizaba desde 2013 y que es utilizado por los efectivos de la Unidad de Intervención Policial. La prohibición se reduce a una mera recomendación que señala las situaciones en que su uso no se aconseja.
El texto solo prevé cuatro situaciones en las que no se aconseja el uso del espray: operaciones de control de masas en general (manifestaciones), resistencia pasiva, internos encadenados y grupos vulnerables, como menores, personas mayores o mujeres embarazadas.
La Dirección General de la Policía Nacional permite su utilización en situaciones de legítima defensa y de resistencia activa frente a agresiones que amenacen la integridad física del agente, así como para neutralizar a quien se amenace de forma inminente a causarse una autolesión grave. También permite combinarlo y usarlo a la vez que la pistola táser, con la garantía de que no hay riesgo de combustión, e incluso en recintos cerrados.
Antes de emplearlo, los agentes deben advertir verbalmente de que van a hacerlo y lanzarlo siempre a una distancia mínima de tres metros, además de ofrecer asistencia sanitaria a la persona rociada. El protocolo justifica que los policías lleven esta herramienta porque «la delincuencia en España es cada vez más violenta» y las agresiones a agentes aumentan, lo que produce, según el texto, un «grave deterioro del principio de autoridad».
El protocolo continúa exigiendo que todo agente que utilice el espray anote en su informe la fecha, la hora, el lugar, su identificación, los motivos que lo motivaron, el número de pulsaciones y la distancia aproximada al sujeto rociado.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) critica en un comunicado que el protocolo mantenga intacto el apartado de posibles responsabilidades disciplinarias, penales, civiles y administrativas. «Marlaska anunció que iba a prohibir el spray y ahora resulta que ni lo prohíbe ni aclara cuándo podemos utilizarlo», denuncia el sindicato, que añade que el agente que lo emplee deberá explicar por qué lo aplicó a pesar de la recomendación en contra y que quien lo omita podría resultar lesionado.
Más sobre este tema
- 12 novLos sindicatos policiales rechazan que el ministro Fernando Grande-Marlaska prohíba el gas lacrimógeno
- 15 novEl juez Fernando Portillo niega que exista una norma para frenar investigaciones en campaña electoral
- 15 novFernando Clavijo, presidente canario, exige “sin más demoras” más efectivos para El Hierro


Comentarios