Garantiza una línea telefónica fija y un acceso fijo a internet con unos niveles de calidad definidos y a un coste razonable.
Hasta ahora solo 10.000 personas podían pedir este descuento. Desde 2027, toda operadora con cobertura en cada zona estará obligada a responder a esas peticiones. Este martes, el Consejo de Ministros dio luz verde al nuevo Reglamento del Servicio Universal de telecomunicaciones. La medida permite que todos los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) accedan a rebajas en la telefonía fija y en internet. Según detalló el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, los posibles beneficiarios pasarán de 10.000 personas, que es la cifra actual, a hasta 2,4 millones, distribuidas en unos 800.000 hogares.
La reforma exige que las empresas sin tarifas asequibles propias avaladas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apliquen un recorte del 25 % sobre el precio medio del mercado, valor que también establece el propio regulador. Además, el real decreto permite que pymes y entidades sin ánimo de lucro pidan este tipo de tarifa, algo que hasta ahora estaba reservado a los particulares.
El Servicio Universal es un derecho al alcance de cualquier persona, sin importar dónde viva, cuál sea su situación económica o si tiene alguna discapacidad. Las nuevas reglas suben de 10 a 100 Mbps la velocidad mínima asegurada en esa conexión fija. Desde el Ministerio para la Transformación Digital defienden que, con este cambio, España pasa a ser «el primer país de Europa y uno de los primeros del mundo» que ofrece esa velocidad dentro del Servicio Universal.
El reglamento confirma que Telefónica dejará de ser el único proveedor del Servicio Universal a partir del 31 de diciembre de 2026, decisión que ya había validado la CNMC. No obstante, la operadora sigue obligada a asegurar la continuidad de las ofertas vigentes del Abono Social actual. Desde el 1 de enero de 2027, toda operadora de telecomunicaciones responderá a las peticiones de este servicio en cada zona donde tenga cobertura.
Durante la rueda de prensa, Óscar López dio las gracias a Telefónica, Orange, Vodafone y Digi por su colaboración a lo largo de la tramitación del real decreto. La regulación también impone a los operadores la obligación de contar con un número suficiente de dispositivos adaptados para usuarios con discapacidad e incluir la función de Texto en Tiempo Real (RTT), herramienta que simplifica la comunicación para personas con problemas auditivos o del habla.


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