Jupol denuncia que el Ejecutivo aprobó el martes una subida del 4,5 % para empleados públicos y mejoró la jubilación ferroviaria, mientras las negociaciones con los agentes siguen rotas desde el 27 de octubre.
Lo esencial
- El Tribunal Supremo dictó en mayo de 2025 una sentencia favorable a una reclamación de Jupol sobre la jubilación anticipada.
- El subinspector Juan José Rodríguez murió el 10 de noviembre en Oviedo al explotar un artefacto durante una intervención.
- Un hombre agredió con un cuchillo a un agente en la comisaría de Medina del Campo.
Jupol, el sindicato de la Policía Nacional, afirma que el Gobierno invoca el periodo electoral para detener el diálogo con los representantes de los agentes, aunque sigue con la actividad legislativa y aprueba medidas que inciden en los derechos de otros trabajadores.
El sindicato indica, como ejemplos, el aumento salarial del 4,5 % para el personal público previsto para 2027, aprobado el martes por el Consejo de Ministros, y la ampliación de los coeficientes reductores de jubilación para determinadas categorías del sector ferroviario, acordada la semana pasada.
«Para este Gobierno sí hay campaña electoral cuando los policías reclaman sus derechos, pero no cuando necesita aprobar medidas salariales o mejorar las condiciones de jubilación de otros colectivos», afirma la organización.
Jupol pide retomar las negociaciones con el Ministerio del Interior para abordar el reconocimiento de la condición de riesgo de los policías nacionales y guardias civiles, y para establecer una jubilación anticipada con requisitos semejantes a los de los demás cuerpos policiales.
El sindicato recuerda que en mayo de 2025 el Tribunal Supremo emitió una sentencia favorable a una de sus peticiones sobre jubilación anticipada. La resolución impuso a la Administración el comienzo del procedimiento y la elaboración de un reglamento que regule los coeficientes reductores aplicables a los policías nacionales que ingresen al Régimen General de la Seguridad Social.
El enfrentamiento se intensificó el 27 de octubre, al momento en que las organizaciones declararon rotas las negociaciones con la Administración. Representantes de policías nacionales y guardias civiles se encerraron entonces en la Secretaría de Estado de Seguridad para presionar al departamento que dirige el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La denuncia llega después de dos episodios violentos contra agentes en acto de servicio. El más grave ocurrió el 10 de noviembre en el barrio de Villafría, en Oviedo, donde el subinspector Juan José Rodríguez, destinado en la Unidad de Guías Caninos, murió al explotar un artefacto localizado en una mochila durante una intervención.
Su perro, Deny, también murió y un agente de los Tedax resultó gravemente herido.
El segundo episodio tuvo lugar el martes en la comisaría de Medina del Campo, en Valladolid, donde un hombre armado con un cuchillo entró en las dependencias y agredió a uno de los agentes.
Jupol ha expresado su «máxima preocupación» por lo ocurrido. Aarón Rivero, presidente de la entidad, describió como «absolutamente intolerable» que los responsables de la seguridad ciudadana tengan que arriesgar su vida incluso en su propio puesto de trabajo.
“No queremos privilegios ni tratos de favor. “Queremos la misma voluntad política, la misma protección y los mismos derechos que el Gobierno está dispuesto a reconocer a otros trabajadores”, concluye el sindicato, instando a Marlaska a abandonar las excusas y retomar las negociaciones.
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