El magistrado solo ha trasladado la documentación a la Fiscalía y la guardará hasta terminar su análisis. En pleno proceso electoral, el PSOE sostiene que una difusión troceada le perjudicaría de forma que una corrección posterior no podría subsanar.
Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional que instruye las supuestas cloacas del PSOE, ha decidido que tres cajas y un pendrive con facturas aportados por el partido a la causa permanezcan bajo secreto. Los papeles se refieren a letrados, bufetes y servicios de asesoría jurídica contratados por la formación entre 2021 y 2025. En una providencia, el magistrado remite esta documentación únicamente a la Fiscalía mientras no concluya su análisis.
Con esta entrega, los socialistas cumplen el requerimiento que Pedraz les había hecho hasta en dos ocasiones. En octubre, el juez les dirigió un último aviso en el que les acusaba de incumplir sus peticiones y les daba 15 días para presentar, sin más demora, el listado de abogados contratados. Entonces, el partido adujo tres motivos para no responder. Uno era que los datos no estaban centralizados y debían recabarse de distintos interlocutores, dado que las organizaciones territoriales también pueden encargar este tipo de trabajos. Además, se excusó en la campaña electoral.
Ahora, el PSOE asegura que ha tomado nota de la advertencia del juez y que actúa en consecuencia. Añade que, si tras examinar los papeles el magistrado necesita más datos sobre algún encargo concreto, estará dispuesto a facilitarlos al tribunal. Simultáneamente, solicitó al formador que considere que el partido se encuentra en plena campaña electoral y que una divulgación parcial o fuera de contexto de esos documentos le ocasionaría un daño que una corrección posterior no podría subsanar.
El partido también recuerda que, conforme al criterio del Consejo General de la Abogacía, cuando el servicio es contratado o pagado por un tercero distinto al cliente final, la confidencialidad pertenece al cliente y a su abogado, quienes deben ser identificados y escuchados antes de cualquier entrega. Ese mismo principio faculta al profesional requerido a advertir al juzgado sobre encargos cuya simple identificación revelaría la naturaleza de la consulta y a solicitar que se les aplique un tratamiento confidencial.
Por último, el PSOE se queja de la filtración de información del procedimiento. Sin imputar conducta a nadie y con el mayor respeto a los involucrados en el proceso, señala que otras informaciones sobre este asunto ya habían llegado a los medios en ocasiones previas por motivos que desconoce.
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