La distancia económica entre los dos partidos complicaría una futura negociación de investidura con el PSOE, que en 2023 giró sobre la amnistía.
En la campaña de las generales, ERC y Junts han dejado de lado la amnistía y el referéndum, los grandes asuntos del ‘procés’, para centrarse en la fiscalidad y la vivienda. Ese giro devuelve al primer plano sus diferencias sobre el modelo económico y social, que quedaron relegadas durante los años del ‘procés’. En 2023, el acuerdo entre Junts y el PSOE para apoyar a Pedro Sánchez se centró principalmente en la amnistía y en crear una mesa de diálogo sobre la crisis política.
Junts, que lidera Miriam Nogueras, se presenta como la fuerza del «centro» y defensora de la «clase media». En sus mítines, Nogueras critica a la izquierda por pedir que paguen los ricos: «Nos dicen que paguen los ricos, pero después resulta que, para ellos, el rico eres tú». El partido plantea reducir el IRPF y los impuestos de pymes y autónomos, y suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, también para las empresas familiares.
ERC, con Gabriel Rufián de candidato, exhibe un perfil más de izquierdas y apela a la «clase trabajadora», un concepto amplio que incluye a asalariados, autónomos y pequeños empresarios. Rufián aboga por incrementar la carga fiscal que recae sobre los principales bancos, las compañías energéticas y las grandes empresas cotizadas. El programa del partido republicano contempla aumentar tanto el IVA como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la adquisición de inmuebles que no sirvan como vivienda habitual, y subir al 21 % el IVA del alquiler turístico. También propone pasar del 30 % al 35 % el gravamen sobre las ganancias de capital, hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas, recuperar el de las grandes energéticas y consolidar el de la banca. Como Junts, plantea rebajar el IRPF a los sueldos inferiores a 35.000 euros.
En vivienda, Junts sostiene que proteger a los inquilinos vulnerables no debe recaer económicamente sobre los pequeños propietarios. Ese fue uno de los argumentos que llevó a la caída del decreto Maricarmen, cuyo rechazo provocó la convocatoria anticipada de elecciones. El partido argumentó que la norma reduciría la oferta de alquiler y encarecería los precios. En ese momento presentó una propuesta alternativa que diferencia a pequeños propietarios de grandes fondos, combinando la protección contra desalojos de personas vulnerables con estímulos fiscales. Rufián, por su parte, defiende que el próximo Gobierno «intervenga» el mercado de la vivienda.
Las posiciones sobre una eventual investidura también difieren. ERC está dispuesta a volver a apoyar a Sánchez, mientras que Junts exige que el presidente dé un paso al lado y proponga a un sustituto. Junts ha advertido además de que, si la investidura de un Gobierno del PSOE depende de sus votos, exigirá que Ada Colau no ocupe el Ministerio de Vivienda, condición que sitúa como «línea roja». Ambos partidos han descartado cualquier pacto con el PP y Vox.
Las posturas, en claro
La ley de amnistía para los delitos ligados al procés independentista se aprobó en mayo de 2024. El Tribunal Constitucional avaló lo esencial de la ley en 2025.
Ante la afirmación «La ley de amnistía para los encausados por el procés catalán fue una decisión acertada», así se sitúa cada partido.
- Junts, a favor. Negoció la ley como condición de la investidura y votó a favor (30-05-2024).
- ERC, a favor. Coautor y voto a favor de la ley de amnistía (30-05-2024).
- El PSOE, a favor. Votó a favor de la aprobación definitiva de la ley de amnistía (30-05-2024).
Posturas documentadas por Capitol con votos, programas y declaraciones. Todas, en el comparador de programas.
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