El plan de transición del contrato, adjudicado en 2023 a Vodafone-Securitas, obtuvo solo 3,6 puntos sobre 10. Según los fallos detectados, algunos tribunales han absuelto a presuntos maltratadores, y la Fiscalía Europea investiga el expediente.
Durante el mandato de Irene Montero, el Ministerio de Igualdad otorgó en 2023 el contrato de las pulseras antimaltrato a la UTE Vodafone-Securitas, aun cuando sus propios técnicos habían alertado del riesgo de que se extraviaran datos. De acuerdo con el Informe Técnico de Ponderación de los Criterios de Adjudicación, que El Debate ha consultado, los expertos adujeron que no disponían de suficiente información para determinar qué sucede con los datos almacenados en la pulsera cuando se interrumpe la conexión en directo con el centro de control. En su documento dejaron constancia de que «se carece de información para su valoración».
Aunque aspectos técnicos como la localización por GPS o la autonomía de la batería recibieron buenas calificaciones, la UTE obtuvo 6,5 sobre 10 en el apartado técnico. El mismo informe recoge que el plan para la salida del servicio fue considerado «deficiente» y logró 3,6 sobre 10. Los evaluadores apuntaron a un diseño insuficiente, una planificación con escaso detalle y un plan de contingencias «no suficientemente completo».
Estas deficiencias han tenido repercusiones en los tribunales. Entre finales de 2023 y marzo de 2024, mientras se realizaba la migración técnica de Telefónica a Vodafone-Securitas, el sistema Cometa dejó de poder revisar con precisión los desplazamientos de agresores previos al 20 de marzo de 2024, algo que complicó probar el incumplimiento de las órdenes de alejamiento. Ese mismo medio sostiene que algunos juzgados están absolviendo a presuntos maltratadores por fallos en los sistemas telemáticos de vigilancia.
La Fiscalía Europea indaga una presunta defraudación de fondos comunitarios destinados a la compra de estas pulseras. Por su parte, el Ministerio de Igualdad confirmó que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se personaron en el departamento que dirige Ana Redondo para requerir documentación.
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