El choque nació cuando la diputada de Compromís Paula Espinosa tardó en firmar un trámite de la comisión, que el PP considera un bloqueo y Compromís niega. La presidenta de las Corts, Llanos Massó, estudia retirar competencias a la secretaria de comisión.
Las Corts Valencianes no aprobarán la ley del Suelo en el pleno de la próxima semana. Lo previsible es que lo hagan en la sesión siguiente, ya en diciembre, unos 14 días después. Como sus artículos tienen efecto un mes después de publicarse en el DOGV, no estarán vigentes al empezar 2027. La norma reconfigura toda la política urbanística valenciana y su contenido definitivo depende de unas enmiendas cuyo debate sigue pendiente.
La tramitación ha estado marcada por la tensión entre los grupos. El Consell activó el procedimiento de urgencia al presentar la norma en las Corts en septiembre, y PSPV y Compromís criticaron que se redujeran a la mitad los plazos de participación ciudadana y de presentación de enmiendas. El Ejecutivo autonómico contaba desde el principio con el apoyo de Vox, aunque con puntualizaciones aún por resolver. Los grupos han presentado cerca de 300 enmiendas, que deberá debatir la Comisión de Medio Ambiente, convocada para el lunes 23 de noviembre tras la junta de síndics del miércoles.
El conflicto escaló después del pleno en el que se rechazaron las enmiendas a la totalidad. El PP tenía previsto convocar a la comisión el lunes 16 de noviembre para discutir las enmiendas parciales y ratificar la ley la semana siguiente, pero no lo logró al carecer de la firma de la secretaria de la comisión, la diputada de Compromís Paula Espinosa. PP y Vox sostienen que no se trató de un bloqueo intencionado; Espinosa defiende que no iba a firmar sin leer el documento. Compromís denuncia que el PP presionó a su diputada el jueves y el viernes. Espinosa, a las 8:30 del martes, firmó finalmente después de recibir por escrito la solicitud que le envió la presidenta, María Gómez del PP, de la comisión, para que cumpliera su deber.
Compromís señaló el miércoles que dicho requerimiento podría haber sido manipulado: el número de registro coincide con el de las iniciativas de la coalición y la fecha de emisión es el día 12, mientras que el sello de entrada indica el 13. Su síndic, Joan Baldoví, solicitó a la secretaría de las Corts que se preserven todos los documentos junto a sus metadatos. El portavoz del PP, Fernando Pastor, calificó de «impresentable» la acusación, argumentó que una falsificación exigiría la participación de funcionarios de la cámara y afirmó: «Pongo las dos manos en el fuego por ellos».
El PP también solicitó a la presidenta de las Corts, Llanos Massó de Vox, que active un procedimiento para retirar las atribuciones a una secretaria de comisión que «manifiestamente no ejerza sus funciones». Pastor lo defendió como una forma de evitar que se repita el bloqueo de una iniciativa. PSPV y Compromís replicaron que supondría «secuestrar las competencias del pleno» y usurpar las funciones de un miembro de la mesa «de manera absolutamente ilegal». La propuesta queda en estudio de la presidenta de la cámara y, de momento, no se aplicará.
El síndic de Vox, José María Llanos, afirmó que es «la primera vez que no se firma» un trámite de este tipo y que «la lealtad institucional exige que cada miembro de esta cámara cumpla con sus obligaciones, le guste o no le guste». El síndic del PSPV, José Muñoz, advirtió del «carácter especulativo» de las previsiones sobre la ley y avanzó que, si su partido gobierna la Generalitat tras las elecciones de 2027, será una de las primeras normas que derogará.
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