La sentencia revisa su doctrina y dice que el contexto es decisivo: los tuits de Loaiza eran una crítica a las políticas migratorias, no una injuria a los agentes de Madrid.
En pocas líneas
- El Tribunal Constitucional ha anulado la condena de 2.100 euros impuesta a Alfonso ‘Fonsi’ Loaiza por atribuir a la Policía Municipal de Madrid un asesinato en la muerte de Mame Mbaye.
- Mame Mbaye, de 35 años, murió tras desplomarse en Lavapiés mientras era perseguido por la Policía Municipal en una redada contra manteros.
- Los jueces cerraron el caso sin más culpables que una isquemia cardíaca.
- Malick Gueye y la dueña de una tienda de ropa fueron absueltos, mientras que Loaiza fue condenado por injurias graves.
- El tribunal amplía la protección de la libertad de expresión frente a las críticas a las instituciones y cuerpos del Estado.
El pleno del Tribunal Constitucional aprobó el miércoles 18 una sentencia que concede el amparo a Alfonso Loaiza. Según el tribunal, la condena vulneró su libertad de expresión, porque sus mensajes no injuriaban a la Policía sino que formaban parte de un «debate político en materia de derechos humanos» relacionado con las políticas migratorias.
Mame Mbaye, de 35 años, se desplomó en la calle del Oso, en Lavapiés, mientras la Policía Municipal lo perseguía en el marco de una intervención contra vendedores ambulantes en el centro urbano. Meses después, los magistrados cerraron el expediente al determinar que la causa fue una isquemia cardíaca, la cual desencadenó la parada cardiorrespiratoria que provocó su fallecimiento.
Las protestas posteriores en Lavapiés, que terminaron con fuertes enfrentamientos con la Policía, denunciaron que Mbaye era víctima de racismo institucional por una persecución policial. Varias personas fueron juzgadas por sus declaraciones acerca del rol de la Policía Municipal; el portavoz del Sindicato de Manteros, Malick Gueye, y la propietaria de una tienda de ropa en Lavapiés resultaron absueltos, mientras que Loaiza recibió una condena de 2.100 euros por delito de injurias graves contra la policía madrileña.
Uno de los mensajes de Loaiza en X, que denunció un sindicato policial, decía que Mbaye murió perseguido por la Policía y que su único delito era carecer de papeles. Añadía que no era una muerte natural, que era un asesinato y que el culpable era «el Estado policial español». Los tribunales madrileños rechazaron la defensa de Loaiza, que sostenía que la palabra «asesinado» no atribuía materialmente la muerte a la Policía sino que señalaba una muerte no natural. La Audiencia Provincial de Madrid dictaminó que asesinar implica matar con alevosía, ensañamiento o por recompensa, y señaló que esa era la acusación que el recurrente dirigía contra la policía local de Madrid.
La resolución, elaborada por Ramón Sáez y avalada por la Fiscalía, no solo anula la condena, sino que altera la jurisprudencia para reforzar la tutela de la libertad de expresión frente al «crédito de las instituciones, cuerpos o símbolos del Estado». El Tribunal Constitucional señaló que los últimos fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) requerían esa revisión y destacó que «la consideración del contexto es imperativa».
Según el tribunal, los jueces se equivocaron al considerar que Loaiza comentó la muerte de Mbaye como periodista y no como ciudadano. Añade que la lectura de los tuits refleja con claridad una crítica a las políticas migratorias, dentro de un debate público sobre la actuación del Estado en materia de inmigración.
La Fiscalía había apoyado el amparo. La defensa de Loaiza, a cargo de la abogada Sonia Olivella, sostuvo que la condena, respaldada finalmente por el Tribunal Supremo, vulneró la tutela judicial efectiva y la libertad de expresión. Se apoyó en que el TEDH sancionó a España en 2023 por condenar a un sindicalista gallego que gritó «puta bandera».
El Constitucional recuerda que su doctrina sobre este asunto se remontaba sobre todo a finales de los años 80. Entonces anuló la condena de multa y tres meses de arresto mayor al objetor de conciencia José Luis Navazo por un artículo en el que ironizaba sobre los jueces, y dijo que el contexto debía proteger su libertad de expresión aunque su opinión fuera «acerba, inexacta e injusta».
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