La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no incorporar a su legislación la directiva contra el fraude a los intereses financieros de la Unión, lo que se traduce en penas máximas de prisión inferiores a las exigidas para la malversación de fondos comunitarios.
El Ejecutivo comunitario ha puesto en marcha un expediente sancionador contra España por no haber incorporado a su ordenamiento la directiva contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión, lo que según Bruselas supone penas máximas de prisión inferiores a las que exige la norma común para la malversación de fondos europeos.
El primer paso consiste en una carta motivada que concede a las autoridades nacionales un plazo de dos meses para subsanar las «deficiencias» detectadas, tras lo cual Bruselas valorará si la respuesta es adecuada o si remite un dictamen motivado.
Si el asunto no se resuelve durante el proceso, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para pedir una multa contra el país.
Bruselas sostiene que esta directiva es «una piedra angular de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE» porque «protege» el presupuesto comunitario, al armonizar las definiciones, las sanciones y las reglas de competencia de los delitos que afectan a los intereses financieros europeos.
La norma sienta además las bases de actuación de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés).
Ahora, la Comisión advierte de que, además de los fallos señalados, la normativa española «no incluye adecuadamente el delito de malversación de fondos de la UE y prevé una pena máxima de prisión inferior al nivel exigido por la Directiva».
Más sobre este tema


Comentarios