El auto dice que es «incipiente y prematuro» atribuir a Lastra la condición de investigada antes de revisar los informes. Vox denuncia prevaricación por omisión y denegación de auxilio en la Delegación del Gobierno.
La plaza número 7 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Avilés ha admitido a trámite la querella de Vox contra la exdelegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, por los incidentes registrados el 21 de octubre durante un acto del partido en la plaza de Camposagrado.
La resolución indica, sin embargo, que por el momento Lastra no figura como investigada. El magistrado considera «incipiente y prematuro» atribuírsela sin haber examinado antes los informes y expedientes que ha solicitado. Por eso no la cita de momento a declarar como investigada, pero sí la emplaza para que conozca la querella y pueda defenderse. Esa misma medida afecta a Cecilia Pérez, quien sustituyó a Lastra al frente de la Delegación del Gobierno y habría ocupado el cargo de forma interina entre ambas.
La querella se presentó el 27 de octubre. Vox imputa a los responsables de la Delegación posibles delitos de prevaricación administrativa por omisión y denegación de auxilio, al considerar que no tomaron las medidas precisas para salvaguardar su convocatoria frente a una concentración de Asturies Antifascista situada a muy poca distancia. El partido dirige también acciones contra los organizadores de la contramanifestación y contra los presuntos autores de actos violentos.
El magistrado ha pedido a la Delegación del Gobierno la remisión de los expedientes íntegros de ambas concentraciones, así como de los informes de seguridad y de las resoluciones dictadas tras los disturbios que se produjeron ese mismo día en A Coruña. También pretende precisar quién ejercía de manera efectiva las funciones de delegado del Gobierno el 21 de octubre, durante el relevo entre Lastra y Pérez. Adriana Lastra, quien lidera la lista del PSOE asturiano al Congreso, había declarado previamente que en ese momento no desempeñaba el cargo de delegada del Gobierno.
A la Policía Nacional le pide los planes del dispositivo, el número de agentes movilizados, las comunicaciones internas y los atestados. El Ayuntamiento deberá aportar las grabaciones de videovigilancia y los informes sobre los daños. El juzgado también pedirá otras imágenes y exige a Vox la entrega de la documentación y del vídeo íntegro de su acto.
El auto pospone para una fecha posterior la toma de declaraciones de Santiago Abascal y de los mandos policiales. Asimismo, se contempla una fase separada para indagar los daños y los desórdenes públicos, en la que Vox tendrá que aportar una fianza de 2.000 euros si desea actuar como acusación popular.
Vox asegura que «seguirá ejerciendo todas las acciones legales para que se depuren las responsabilidades» de quienes, según su criterio, dejaron sin protección el derecho de reunión durante la precampaña electoral.
Fuentes y datos: Asturias: escaños en juego y encuestas para el 29-N y Media de encuestas de hoy.
Sigue la cobertura: Un cartel de Vox con Abascal repite la escena de un mitin de Feijóo en Valencia
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