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La Fiscalía pide hasta casi nueve años para 17 acusados por amañar contratos catalanes

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El Periódico (Política)

La Fiscalía pide hasta casi nueve años para 17 acusados por amañar contratos catalanes

La Fiscalía Anticorrupción solicita condenas que oscilan entre seis años y tres meses y ocho años y nueve meses de prisión, por delitos de organización criminal, fraude contra las administraciones y prevaricación.

·19 de noviembre de 2026·2 min de lectura

La Fiscalía Anticorrupción solicita condenas que oscilan entre seis años y tres meses y ocho años y nueve meses de prisión, por delitos de organización criminal, fraude contra las administraciones y prevaricación.

La Fiscalía Anticorrupción reclama hasta ocho años y nueve meses de cárcel por organización criminal, fraude y prevaricación. Según la Guardia Civil, los contratos manipulados superaron los cinco millones de euros entre 2011 y 2015. Este jueves la Audiencia Nacional retomó la vista contra 17 procesados en el caso 3 %. Figuran entre los encausados Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell, que ocuparon la presidencia y la dirección general de Gestió d’Infraestructures S.A.U. (GISA), empresa pública que más tarde pasó a llamarse Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U.

Un agente de la Guardia Civil que encabezó las pesquisas de una de las piezas del procedimiento relató ante el tribunal que, desde 2011, Quer y Rosell modificaron la forma de adjudicar los contratos de la compañía y pusieron en marcha un «sistema sutil» de manipulación que se mantuvo hasta 2015. De acuerdo con su versión, dentro de GISA se instauró una Oficina Técnica de Evaluación bajo su mando, la cual corregía y alteraba las puntuaciones que los técnicos habían asignado a las firmas concursantes antes de que los expedientes llegaran a la mesa de contratación.

Siempre según el investigador, la finalidad era encaminar las adjudicaciones hacia compañías de un cártel que fijaba de antemano los precios con los que se presentaba a los concursos, eliminando así la competencia. El testigo data el acuerdo en 2007 y sostiene que desde sus inicios contó con una sociedad en la que Quer había ejercido como administrador. Para la Fiscalía, varias empresas organizaron alrededor de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Catalunya (Asinca) una red que bautizaron como «Nuria Bofill», impulsada según el ministerio público por Quer.

Se trata de obras para construir y mejorar carreteras en Sant Julià de Ramis, en el eje del Llobregat, en la variante de Gandesa, en los proyectos de desdoblamiento entre Sant Llorenç d’Hortons y Martorell y en Manresa. A ello se suman un estudio para alargar la línea de los Ferrocarriles de la Generalitat Llobregat-Anoia entre la plaza de España y Gràcia, la construcción y dirección de obras de la ampliación ferroviaria en Sabadell y la prolongación de tramos del Metro de Barcelona.

El juicio prosigue con las declaraciones de los testigos y de los acusados.

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