La norma busca evitar que estas instalaciones encarezcan la factura eléctrica, que según la vicepresidenta Sara Aagesen podría subir 5.000 millones de euros sin ella. Las empresas del sector la consideran costosa y prepara recursos judiciales.
El viernes, el Consejo de Ministros dio luz verde al real decreto que regula los centros de datos en España. Según la norma, al menos el 80 % de la electricidad que consumen debe provenir de fuentes renovables añadidas, es decir, instaladas de forma reciente.
La vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, sostuvo que la medida es imprescindible para resguardar tanto la red eléctrica como el gasto de los ciudadanos, justo antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
De acuerdo con Aagesen, si no se regula esta actividad, la expansión de estas instalaciones podría añadir 5.000 millones de euros a la factura de la luz y encarecer en un 25 % el recibo de los consumidores industriales.
El texto también establece que la energía renovable utilizada debe generarse en el mismo momento en que se consume, la denominada correlación horaria. Los proyectos más próximos pueden acogerse de forma voluntaria a un periodo transitorio: en ese caso, la exigencia será del 60 % en las horas de mayor demanda, que pasará al 70 % en 2029, y desde el 1 de enero de 2032 todos los centros tendrán que alcanzar el 80 %. Como contrapartida, las compañías que opten por este régimen asumen que podrán ser desconectadas de la red en situaciones de tensión, sin recibir compensación alguna.
Respecto al agua, los nuevos centros tendrán que cumplir la categoría ‘A’ establecida por la Unión Europea, equivalente a un consumo de 0,1 litros por kilovatio hora. En cuanto a eficiencia energética, se pide la calificación más alta, ajustada a las condiciones de refrigeración propias de cada zona climática. Además, el decreto contempla un apartado de soberanía digital que restringe el acceso a los datos desde países terceros.
El Consejo de Estado reconoció que el Ejecutivo tiene competencia para legislar en este ámbito, aunque planteó cuatro observaciones de fondo.
Referencias: Real Decreto 806/2026 de convocatoria de las elecciones (BOE) (se abre en otra pestaña).


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