El nuevo mercado de emisiones obligará a las comercializadoras de carburantes y gas, que según el Ministerio trasladarán el coste a los usuarios. El Ejecutivo lo aprueba en vísperas de las elecciones del 29 de noviembre, con el Gobierno a punto de quedar en funciones.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley que traspone la directiva europea que crea el segundo mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, conocido como ETS2. La norma extiende el régimen de comercio de emisiones al transporte por carretera y a la edificación, sectores que hasta ahora estaban exentos. El Gobierno la aprueba en una de las últimas reuniones antes de quedar en funciones tras las elecciones generales del domingo 29 de noviembre.
Las obligaciones recaerán sobre las entidades que comercializan y ponen los combustibles a disposición de los usuarios, es decir, las comercializadoras de carburantes, como Repsol o Moeve, las de gas natural, como Naturgy o Iberdrola, y las refinerías. Estas compañías deberán comprar derechos en el mercado europeo en función de las emisiones de los productos que venden o refinan.
La operación tiene una contrapartida económica. Según los datos del Gobierno, España podrá acceder a los fondos del Fondo Social para el Clima, que destinará 6.800 millones de euros al país entre 2026 y 2028 para financiar transporte público y rehabilitación de vivienda. Con la aportación obligatoria del 25 % por parte del Estado, la cantidad ascenderá a unos 9.000 millones. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha defendido la medida como «un paso necesario para el compromiso de descarbonizar y acompañar a los más vulnerables».
El Gobierno ya había intentado este cambio en 2024, cuando envió al Congreso un proyecto de ley que quedó paralizado tras recibir numerosas enmiendas de la oposición, algunas a la totalidad. Una proposición de ley posterior de PSOE y Sumar también decayó con la convocatoria de elecciones anticipadas. Ahora el decreto deberá ser convalidado por la Diputación Permanente. Según el Ejecutivo, la aprobación evita un expediente sancionador por no haber traspuesto la directiva dentro del plazo previsto.
El calendario prevé que en 2027 las empresas ya deban monitorizar y notificar sus emisiones, y que la obligación de entregar derechos de emisión comience el 1 de enero de 2028. La Comisión Europea celebrará la primera subasta de derechos en enero.
Para saber más: Real Decreto 806/2026 de convocatoria de las elecciones (BOE) (se abre en otra pestaña).


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