La consejera María Jesús San José había anunciado a principios de mes el mayor presupuesto de su departamento para 2027. Las asociaciones piden revisar la propuesta provisional de subvenciones antes de su aprobación.
Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo protestaron este viernes contra el Ejecutivo vasco por la reducción de las subvenciones que reciben mediante concurrencia competitiva. De acuerdo con Covite, el borrador provisional de ayudas para 2026 rebaja un 50,7 % lo que se destina a sus iniciativas: los tres proyectos presentados reúnen 18.552,30 euros, cuando en 2025 sumaban 37.668,23. Por su lado, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) señala una caída del 43,82 % en los fondos para sus programas de acompañamiento a los afectados.
Consuelo Ordóñez, censura a la titular de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, que a comienzos de noviembre anunció que su departamento manejará en 2027 el presupuesto más alto de su historia y que aspiraba a «reforzar» el vínculo con las víctimas.
La responsable de la AVT, Lucía Ruiz, detalla que la convocatoria fija en tres los proyectos por entidad, cuando en años previos eran cinco, y que se han quedado sin dinero las iniciativas de atención psicológica, jurídica y sociosanitaria a las víctimas tras la modificación de las bases reguladoras para 2026. Covite se queja de que uno de los proyectos descartados sirve para registrar actos de exaltación del terrorismo, y de que los otros dos, orientados a conservar la memoria de las víctimas y darles protagonismo en jornadas y actos públicos, también han perdido recursos. La entidad sostiene que la prevención de la radicalización y la defensa de la memoria no deberían recaer únicamente en los medios de las propias víctimas.
Una portavoz de la Consejería indica que el decreto canaliza ayudas por 900.000 euros: antes cada entidad podía presentar cinco proyectos de hasta 25.000 euros, y ahora tres de hasta 15.000. Agrega que Covite no formuló alegaciones y que la AVT sí, aunque no sobre los puntos que ahora critica. El Ejecutivo asegura, además, que respaldará a 103 entidades, trece de ellas asociaciones de víctimas, y que la reducción no llega al 50 % porque no se computan las ayudas nominativas, de 59.000 euros tanto para la AVT como para Covite, que se mantienen sin cambios.
Las asociaciones también denuncian otras limitaciones desde octubre. El Ejecutivo vasco da a conocer las medidas de semilibertad otorgadas a presos de ETA mediante notas de prensa remitidas a los medios de forma simultánea, y ya no proporciona a las entidades las fichas con los fundamentos de cada resolución, que les permitían analizarla y, si procedía, recurrirla. Por otra parte, el Consejo Vasco de Participación, en el que tienen representación las asociaciones, lleva sin reunirse desde antes del verano, cuando, antes de que el PSE asumiera la Consejería de Justicia, se reunía al menos cada tres meses.
La AVT critica asimismo que ya no reciba las fichas sobre terceros grados ni sobre la aplicación del artículo 100.2, y que no tenga tiempo para informar previamente a las víctimas. Su presidenta, Lucía Ruiz, afirma que «estas medidas son una represalia económica e informativa ante el aumento de sus críticas» y reclama que se restablezca el apoyo a los programas de atención directa. «La AVT seguirá atendiendo a las víctimas, al margen de castigos y recortes», concluye.


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