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El Supremo somete a contradicción de las partes los controles de seguridad de los 61.603 móviles de MiDNI, a nueve días del 29-N

El Tribunal Supremo ha dado este viernes a las partes hasta el lunes para analizar los nuevos certificados que la Abogacía del Estado ha aportado sobre los 61.603 móviles que se distribuirán en las mesas electorales para verificar MiDNI el 29-N.

·20 de noviembre de 2026·3 min de lectura

El Tribunal Supremo ha dado este viernes a las partes hasta el lunes para analizar los nuevos certificados que la Abogacía del Estado ha aportado sobre los 61.603 móviles que se distribuirán en las mesas electorales para verificar MiDNI el 29-N.

En pocas líneas

  • El Supremo ha sometido por primera vez a contradicción los controles de seguridad de los 61.603 móviles que el Gobierno no acreditó ante la Junta Electoral Central.
  • Interior remitió a la Junta Electoral Central un informe policial sobre la autenticidad del QR, no una certificación integral de los teléfonos.
  • Las alegaciones deben presentarse antes del lunes 23 de noviembre a las 15.00 horas.
  • El Partido Popular debe aclarar si quiere personarse como codemandado ante el Supremo.

El Tribunal Supremo ha abierto a contradicción de las partes los controles de seguridad de los 61.603 teléfonos móviles que se repartirán entre las mesas electorales para verificar MiDNI el 29 de noviembre, a nueve días de los comicios. La Sala ha habilitado el sábado y el domingo para que las partes examinen la nueva documentación que el Gobierno ha aportado sobre esos dispositivos.

Ese informe explicaba que el QR es generado y firmado por la Policía Nacional y que permite comprobar la autenticidad de los datos con un teléfono, tableta u ordenador con cámara. La directora general de Política Interior, Carmen López García, aseguró a la Junta que los dispositivos permitirían leer ese código «de forma segura y con todas las garantías».

El informe no evaluaba los 61.603 teléfonos en aspectos como su sistema operativo, las aplicaciones instaladas, las comunicaciones, el almacenamiento de datos o la plataforma de administración remota. Un fallo detectado en la investigación periodística de la diferencia entre ambas cosas: que el QR sea seguro no garantiza la seguridad del teléfono que lo lee.

Iustitia Europa recurrió la autorización de la Junta Electoral Central y pidió al Tribunal Supremo la suspensión cautelarísima de MiDNI, aunque la Sala no paralizó la aplicación sin escuchar antes a las demás partes. El 17 de noviembre, el Supremo requirió a Carmen López que certificara «bajo su responsabilidad» si los dispositivos habían pasado los controles del artículo 22 del Esquema Nacional de Seguridad.

La Abogacía del Estado respondió el 19 de noviembre con varios certificados expedidos por Carmen López, que no figuraban en el expediente remitido por la Junta Electoral Central. El Supremo ha ordenado trasladar esa documentación a todas las partes personadas para que formulen alegaciones en un plazo común que terminará el lunes 23 de noviembre a las 15.00 horas.

En el procedimiento figuran Iustitia Europa como recurrente, la Junta Electoral Central como Administración recurrida y la Administración General del Estado como codemandada, representada por la Abogacía del Estado. El Partido Popular pidió el 19 de noviembre comparecer como interesado, pero el Supremo le ha requerido que aclare si quiere personarse como codemandado, la única posición procesal que la Sala considera posible.

La providencia advierte de que la documentación contiene «datos sensibles sobre controles de seguridad y sistemas de verificación de los dispositivos» y obliga a todas las partes a guardar reserva sobre su contenido.

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