La entidad, con más de 800 socios, dispone de un mes para contestar y acudirá al TSJC. Su presidente pone en duda que la Generalitat tenga competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre, que pertenece al Estado.
Un nuevo requerimiento para derribar las construcciones de la playa de los Pescadors ha llegado al Club Náutico Bétulo de Badalona. La orden fue tramitada por el Departament de Territori de la Generalitat y otorga a la entidad un plazo de un mes para actuar. Fuentes del Govern explican que la notificación se emite en el momento en que así lo fija una resolución judicial.
Los responsables del Bétulo, que agrupa a más de 800 socios, llevarán el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y solicitarán medidas cautelares que frenen el derribo hasta que se dicte sentencia. Además, contemplan presentar también una impugnación en la vía administrativa.
Si las impugnaciones no salen adelante, el desmantelamiento podría producirse hacia finales de marzo o durante la Semana Santa de 2027. Según el propio club, el fallo judicial definitivo podría demorarse entre dos años y medio y tres.
Desde el Ayuntamiento de Badalona sostienen que se mantienen en contacto constante tanto con la entidad como con la Federació Catalana de Vela, y se comprometen a encarar el problema una vez que se forme un nuevo Ejecutivo en Madrid. Según fuentes municipales, el alcalde Xavier Garcia Albiol espera que, en caso de que el PP consiga gobernar tras los comicios generales del domingo 29 de noviembre, pueda intervenir en la política para paralizar las demoliciones.
El Bétulo recibió en 2019 la catalogación de bien cultural de interés local y sostiene que su labor deportiva, educativa y social no es comparable a la de un negocio comercial. En junio de 2024, el equipo de gobierno municipal junto a todas las formaciones de la oposición se desplazó a Madrid para pedir una reforma de la Ley de Costas que hiciera posible salvar la sede del club.
Esta situación no es exclusiva de Badalona. La Federació Catalana de Vela calcula que 44 de los 86 clubes náuticos ligados a la práctica en playas están en riesgo por las limitaciones de la normativa litoral y por el vencimiento de sus concesiones. El reglamento estatal fija en 300 metros cuadrados el tamaño máximo de las instalaciones para actividades náuticas federadas en dominio público marítimo-terrestre, un límite que muchas entidades con historia ya rebasan.
Kiryat Mercado, directora general de Políticas del Litoral de la Generalitat, avisó en junio de 2024 de que el conflicto responde más a la normativa que a una cuestión de atribuciones: «Aunque Catalunya tuviera las competencias al cien por cien en el ámbito de Costas, nada podríamos hacer diferente respecto a los clubes náuticos que superan las superficies permitidas. El problema es el reglamento». Mercado identificó el artículo 70 del Reglamento General de Costas como el gran obstáculo, y su reforma permanece bloqueada en el Congreso de los Diputados.
La presión administrativa ya ha costado la desaparición de entidades señeras: el Club Náutico de Pineda se vio obligado a cerrar en 2019 y el de Cabrera de Mar fue demolido en abril de 2021.
Fuentes y datos: Madrid: escaños en juego y encuestas para el 29-N y Media de encuestas de hoy.
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