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El sector teme que el decreto de centros de datos espante la inversión

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El sector teme que el decreto de centros de datos espante la inversión

La norma exige un 60 % de correlación horaria que subirá al 70 % en 2029 y al 80 % en 2032, y las empresas acogidas podrán ser desconectadas de la red sin compensación, algo que el sector ve incompatible con su actividad.

·22 de noviembre de 2026·3 min de lectura

La norma exige un 60 % de correlación horaria que subirá al 70 % en 2029 y al 80 % en 2032, y las empresas acogidas podrán ser desconectadas de la red sin compensación, algo que el sector ve incompatible con su actividad.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes 20 de noviembre el real decreto que regula los centros de datos en España. Sara Aagesen, ministra de la Transición Ecológica, promueve la normativa que exige que el 80 % de la energía utilizada por esas instalaciones provenga de fuentes renovables y coincida hora a hora con su consumo. La aprobación llega a pocos días de las elecciones generales.

Aagesen afirma que la medida resulta esencial para salvaguardar la factura eléctrica y asegurar la soberanía digital. Según sus cálculos, la ausencia de esta regulación podría generar un impacto de 5.000 millones de euros para los consumidores. La ministra defiende además que la correlación horaria evita tensionar el sistema eléctrico.

El sector ha reaccionado con un rechazo frontal. Christian Lipperheide, quien dirige Estrategia y Desarrollo en PQC, afirma que la norma podría ahuyentar la inversión al imponer requisitos energéticos que, en muchos casos, resultan técnicamente inviables o encarecen los costos. A su entender, la correlación horaria del 80 % obliga a sobredimensionar las instalaciones para cubrir las horas menos favorables, lo que producirá excedentes que acabarán desperdiciándose. También critica que se penalice a empresas que ya habían invertido en generación renovable siguiendo las directrices anteriores del propio Gobierno.

Lipperheide estima que el impacto real en la factura doméstica sería muy limitado, de uno o dos euros, y considera injustificado el alarmismo sobre los 5.000 millones. Para él, resulta paradójico arriesgar una oportunidad industrial y miles de millones de inversión por un impacto tan reducido en el consumidor.

Si los proyectos se trasladan a países vecinos como Portugal o Francia, advierte, España perderá empleo, recaudación e actividad económica, pues procesar la energía en territorio nacional aporta mucho más valor que exportarla. Según sus cifras, un gigavatio vendido a Portugal se pagaría a 60 euros el megavatio, mientras que procesado en España equivaldría a 3.600 euros, 60 veces más. PQC añade que los requisitos son, en su opinión, de imposible cumplimiento y lamenta la falta de diálogo en la elaboración de la norma, sobre la que la CNMC ya había alertado de posibles efectos negativos para la competencia.

La Junta de Extremadura también ha criticado el decreto. Su consejera de Industria y Energía, Mercedes Morán, expresó el rechazo del Gobierno regional a una norma que, a su juicio, perjudica inversiones fundamentales para la comunidad, y reprochó al Ejecutivo central que no haya contado con las autonomías. Morán censuró además que se apruebe «en tiempo de descuento», a pocos días de las elecciones, aprovechando el Consejo de Ministros.

El decreto establece un régimen transitorio opcional: los proyectos podrán iniciar con una exigencia de correlación horaria del 60 %, que aumentará al 70 % en 2029 y al 80 % en 2032. No obstante, las compañías que elijan esta flexibilidad aceptan la posibilidad de ser desconectadas de la red durante periodos de tensión sin derecho a compensación, lo que el sector juzga incompatible con la actividad de un centro de datos.

La aprobación llega además con dudas jurídicas. La Comisión Europea solicitó al Gobierno que verificara si el proyecto debía notificarse a Bruselas mediante el procedimiento TRIS, que habitualmente implica tres meses de espera, y hasta el 16 de noviembre no aparecía ninguna notificación en la base pública europea. Si se confirmara la obligatoriedad del trámite, las compañías podrían acudir a los tribunales para impedir la aplicación de determinadas exigencias. Por su parte, la patronal Spain DC cifra en unos 9.000 millones de euros las inversiones retiradas o paralizadas desde el primer borrador, aunque no todas se deben al decreto, ya que la falta de capacidad en las redes eléctricas también frena proyectos.

Documentación: Real Decreto 806/2026 de convocatoria de las elecciones (BOE) (se abre en otra pestaña).

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