CRedacción Capitol·21 de agosto de 2026·2 min de lectura
El 75% de los expedientes de protección podrían ser aprobados, mientras Interior y Migraciones chocan por la gestión del operativo
El Gobierno central mantendrá en Ceuta a entre 2.400 y 2.500 menores no acompañados hasta, al menos, 2027, según confirmó el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, tras descartar su expulsión y priorizar la resolución de sus solicitudes de asilo. La decisión, respaldada por la ministra de Migraciones, Elma Saiz, choca con la postura inicial del Ministerio del Interior, que había apostado por la devolución de los menores y prometió que «ninguno llegará a la península».
El conflicto entre departamentos se agudiza en un contexto de saturación logística. Mientras Migraciones asegura que el operativo de acogida estaba «preparado desde los primeros momentos», fuentes del Ejecutivo citadas por ABC reconocen que alrededor de 2.500 personas permanecerán en campamentos improvisados hasta el próximo año. La lentitud en los traslados —como el de 500 niñas a la península anunciado previamente— se justifica por la burocracia del asilo: el Gobierno calcula que el 75% de los expedientes obtendrán luz verde, un proceso que podría extenderse hasta 2027.
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La tensión en las playas ceutíes refleja la complejidad del operativo. Tras un traslado inicial «con relativa normalidad» a centros de acogida, unos 500 migrantes regresaron a la playa del Trampolín, paralizando las labores de limpieza. Las autoridades locales suspendieron los trabajos para «garantizar la integridad de los operarios», sin presencia policial en el momento del incidente. Este martes, el dispositivo se reanudó con el objetivo de realojar a los migrantes en instalaciones habilitadas por el Gobierno.
El marco legal añade presión: la Ley de Extranjería y la Convención sobre los Derechos del Niño obligan a priorizar el «interés superior del menor», impidiendo su expulsión automática. Pérez subrayó que «ningún director general o consejero puede limitar la acogida», mientras Saiz insistió en «respetar la normativa». Sin embargo, la discrepancia entre Interior —que defendió la devolución— y Migraciones —enfocada en el asilo— evidencia la falta de una estrategia unificada.
El precedente de 2021, cuando Ceuta registró la llegada masiva de 12.000 migrantes en 48 horas, muestra los riesgos de una gestión fragmentada. Entonces, el Gobierno optó por devoluciones exprés, pero la presencia de menores complicó la aplicación de la ley. Ahora, con un 75% de solicitudes de asilo previsiblemente aprobadas, el Ejecutivo enfrenta un desafío doble: evitar la saturación de los recursos ceutíes y gestionar las expectativas de las comunidades autónomas peninsulares, que podrían verse obligadas a asumir parte de la carga.
