Juan Jesús Vivas pide al Gobierno central más medios para evitar nuevas entradas masivas de migrantes en Ceuta
El presidente de Ceuta afirma que unas 10.000 personas que participaron en la entrada masiva de migrantes aún permanecen en la ciudad y exige una solución urgente
CRedacción Capitol·12 de agosto de 2026·8 min de lectura
Actualización (12 de agosto a las 14:18):
El presidente de Ceuta afirma que unas 10.000 personas que participaron en la entrada masiva de migrantes aún permanecen en la ciudad y exige una solución urgente
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado que en Ceuta permanecen aún unas 10.000 personas que participaron en la entrada masiva de migrantes irregulares de finales de julio. Vivas ha comparecido ante los medios tras una reunión con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la que dice haberle transmitido la situación en Ceuta y lo que ha pasado en el momento más complicado de la historia reciente de la ciudad autónoma.
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Vivas ha demandado que el Gobierno garantice que no se va a repetir este episodio poniendo a disposición todos los medios de prevención, disuasión y reacción, medidas que corresponden únicamente al Gobierno central. Ha definido la situación en la ciudad autónoma como una urgencia nacional, la cual ha repercutido de una manera muy negativa y sensible en la seguridad, la tranquilidad, los servicios públicos, la convivencia y la economía.
La colaboración de Marruecos
El presidente de Ceuta ha comunicado que Marruecos está dispuesto a facilitar el retorno de las personas que han llegado irregularmente a Ceuta, tanto adultos como menores, pero que no le ha comunicado fechas exactas en las que estas devoluciones se producirán. Vivas ha querido trasladar que nada que sea vital para Ceuta debe depender de Marruecos y que su estabilidad no esté en sus manos.
La situación en Ceuta
El ánimo entre la ciudadanía es de indignación, preocupación y abandono, lo cual ha defendido que entiende por lo insostenible que es la situación, pero ha defendido que se compagina con una ejemplar actitud de entereza y madurez. Ha destacado que no ha habido una reacción de xenofobia, pese a que la invasión fue un golpe muy duro.
Vivas dice haber comunicado al representante de Exteriores español que la única salida que tienen las personas que han llegado es el retorno. Se ha posicionado en contra de la concesión de documentación y permisos de asilo porque puede conducir a que esto se pueda repetir.
Según fuentes oficiales, la reunión entre Vivas y Albares se llevó a cabo en un ambiente de gran tensión, con ambos líderes discutiendo sobre la mejor forma de abordar la crisis migratoria en Ceuta. Vivas ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central tome medidas urgentes para prevenir futuras entradas masivas de migrantes, mientras que Albares ha asegurado que el Gobierno está trabajando en una solución que respete los derechos humanos de los migrantes.
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La situación en Ceuta sigue siendo muy delicada, con la ciudadanía en estado de alerta y la economía local sufriendo los efectos de la crisis. Vivas ha llamado a la calma y ha pedido a la ciudadanía que se mantenga unida en este momento difícil.
Además, es fundamental que se establezcan medidas de prevención y disuasión para evitar futuras entradas masivas de migrantes. Esto puede incluir la implementación de medidas de seguridad en la frontera, la creación de programas de asistencia y protección para los migrantes y la promoción de la cooperación internacional para abordar la crisis migratoria en su conjunto.
El ministro de Asuntos Exteriores y el presidente de Ceuta subrayan la necesidad de devolver a los migrantes que cruzaron la frontera de manera irregular el 30 de julio
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, coincidieron en subrayar que los migrantes que cruzaron la frontera de manera irregular el 30 de julio deben regresar a Marruecos cuanto antes. Albares afirmó que hasta la última persona que entró irregularmente acabará regresando a Marruecos y que esa es también la voluntad expresa de las autoridades marroquíes.
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La reunión de Vivas y Albares tuvo una elevada carga simbólica, ya que era la primera visita de un ministro de Exteriores a Ceuta. Albares lanzó un mensaje disuasorio a quienes piensen repetir el intento, advirtiendo que no arriesguen sus vidas, su dinero y su futuro en una aventura abocada al fracaso.
La situación de los menores
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, elevó a 1.527 el número de menores filiados tras la entrada masiva y señaló como «prioridad absoluta» su reagrupamiento familiar en Marruecos. Sin embargo, el Tribunal Supremo ya estableció que las devoluciones de menores realizadas en Ceuta en 2021 fueron ilegales por la «absoluta inobservancia» del procedimiento previsto en la Ley de Extranjería.
Los obstáculos para la devolución
La devolución de los migrantes se enfrenta a varios obstáculos, incluyendo la situación de los menores y la posibilidad de que los adultos soliciten protección internacional. La ley obliga a que cada caso sea examinado de forma individual, con información sobre la situación del menor, audiencia cuando tuviera suficiente madurez e intervención del Ministerio Fiscal.
Además, los adultos que soliciten protección internacional pueden ser internados en un CIE mientras se tramita su expediente, pero ese internamiento tiene un máximo legal de 60 días y no puede prolongarse indefinidamente. Si llegado ese momento no ha sido posible ejecutar la devolución, la ley obliga a poner al extranjero en libertad, aunque pueda continuar abierto su expediente de expulsión o de protección internacional.
El procedimiento de devolución de menores es complejo y requiere la colaboración de varias instituciones, incluyendo el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Exteriores y la Administración de la ciudad autónoma de Ceuta. El objetivo es reagrupar a los menores con sus familias en Marruecos, pero el proceso puede ser lento y difícil debido a las complejidades legales y administrativas involucradas.
La situación de los menores es particularmente delicada, ya que muchos de ellos han estado separados de sus familias durante períodos prolongados. El reagrupamiento familiar es una prioridad absoluta para el gobierno de Ceuta, pero el proceso requiere la colaboración de las autoridades marroquíes y la resolución de varios obstáculos legales y administrativos.
El gobierno de Ceuta ha establecido un plan para reagrupar a los menores con sus familias en Marruecos, que incluye la creación de un equipo de trabajo interinstitucional para coordinar los esfuerzos y garantizar la colaboración entre las autoridades marroquíes y españolas. El plan también prevé la creación de un centro de acogida para los menores que regresen a Marruecos, donde podrán recibir atención médica, educativa y social.
La devolución de los migrantes es un proceso complejo que requiere la colaboración de varias instituciones y la resolución de varios obstáculos legales y administrativos. Sin embargo, el gobierno de Ceuta está comprometido con la reagrupación familiar de los menores y está trabajando para garantizar que se cumplan los derechos de los menores y se respeten las leyes y procedimientos establecidos.
El presidente ceutí, Juan José Vivas, denuncia que los barrios son «inhabitables» y exige un centro de internamiento temporal mientras Sanidad niega crisis sanitaria
El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, ha exigido al Gobierno central que asuma el «mando único» de la crisis migratoria y habilite un centro de internamiento temporal para los entre 8.000 y 11.000 inmigrantes que, según sus datos, permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva del 30 de julio. Vivas ha alertado de que la situación es «inasumible, insostenible e inaceptable», con barrios descritos como «inhabitables» por asociaciones de vecinos, y ha reclamado refuerzos en Extranjería, Justicia, Fiscalía y Policía para agilizar las expulsiones.
La discrepancia en las cifras oficiales agrava la incertidumbre. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reconoció este lunes que fueron 80.000 las personas que cruzaron ilegalmente la frontera —frente a los 72.000 que inicialmente manejó Interior—, aunque el Gobierno mantiene que 70.000 ya han sido devueltas a Marruecos. Ceuta, sin embargo, denuncia que la cifra de migrantes varados supera ampliamente los registros estatales, con servicios públicos colapsados y un incremento coyuntural del 10% en su población, que ronda los 83.000 habitantes.
El conflicto se extiende al ámbito sanitario. Mientras el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta denuncia un «colapso» en Urgencias, donde siete facultativos atienden a entre 400 y 500 personas diarias, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado la existencia de una crisis y ha destacado que el presupuesto para las ciudades autónomas ha aumentado un 70%. García precisó que, tras el pico inicial de 1.149 asistencias sanitarias a migrantes el 30 de julio, la media diaria actual se sitúa en 350, con solo 20 de las 95 camas ocupadas del Hospital de Ceuta destinadas a este colectivo.
La tensión se recrudece ante la amenaza de un nuevo asalto a la frontera el próximo 15 de agosto, convocado en redes sociales bajo lemas como «al-hajma» («la embestida»). El Gobierno ha reforzado los efectivos en un 40% en la Guardia Civil y un 30% en la Policía Nacional, con casi 300 antidisturbios, 200 guardias civiles y 2.000 militares desplegados. Además, se han anulado los permisos de los agentes y militares a partir del 13 de agosto, salvo excepciones autorizadas. Fuentes policiales admiten que, aunque un nuevo incidente similar al del 30 de julio es improbable por el dispositivo desplegado, la presión en redes —con grupos de hasta 400.000 miembros— mantiene en alerta a las autoridades.
El drama de los menores no acompañados añade complejidad al escenario. Torres elevó este lunes a 1.400 la cifra de niños y adolescentes registrados, aunque reconoció que la cifra definitiva podría ser mayor, con muchos de ellos hacinados en dependencias policiales. La gestión de estos casos, cuya tutela corresponde a las comunidades autónomas, choca con la saturación de los recursos ceutíes y la falta de un protocolo ágil para su derivación a la península.
