CRedacción Capitol·25 de agosto de 2026·2 min de lectura
El Ministerio activa créditos presupuestarios y personal especializado para agilizar procesos por agresiones sexuales y delitos de extranjería
El Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la documentación necesaria para activar refuerzos en los tribunales de Ceuta, tras la entrada masiva de 80.000 inmigrantes desde el pasado 30 de julio. La petición, formalizada por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, incluye la incorporación de dos magistrados y personal especializado para aliviar la carga de trabajo en los juzgados, especialmente en casos de violencia sobre la mujer y delitos sexuales.
El CGPJ ya había aprobado el 18 de agosto el refuerzo de los juzgados ceutíes con dos jueces, uno para el servicio de guardia y otro para el juzgado de violencia de género, tras un informe del Servicio de Inspección que calificó la situación como «extraordinaria». Sin embargo, el Ministerio señala en una carta que la documentación requerida para activar los créditos presupuestarios no fue remitida en su totalidad. Olmedo insta al órgano a priorizar magistrados de otros tribunales dentro de Ceuta, evitando secciones civiles o de instrucción, y propone sustitutos solo en caso necesario.
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Además de los dos jueces, Justicia ha autorizado la contratación de 28 profesionales adicionales: tres tramitadores, un gestor procesal, un auxilio judicial, tres abogados fiscales sustitutos, once médicos forenses, siete técnicos de autopsia y cinco abogados de oficio especializados en extranjería. Estas medidas buscan agilizar los procesos judiciales derivados de la crisis migratoria, que ha incrementado la carga de trabajo en asuntos como presuntas agresiones sexuales y delitos relacionados con la inmigración irregular.
El refuerzo se enmarca en un protocolo de actuación previsto para situaciones excepcionales, donde el Ministerio puede autorizar créditos extraordinarios para cubrir necesidades urgentes en la administración de justicia. La última vez que se activó un mecanismo similar fue en 2021, durante la crisis de la pandemia, cuando se reforzaron tribunales en Madrid y Barcelona para reducir el retraso en juicios penales y civiles.
La ciudad autónoma de Ceuta, con una población de 83.000 habitantes, ha visto colapsados sus servicios públicos, incluyendo los judiciales, tras la llegada masiva de inmigrantes. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla había alertado previamente de la saturación, especialmente en los juzgados de guardia y en los dedicados a violencia de género, donde se ha registrado un aumento de denuncias por agresiones sexuales.
