El magistrado exige al presidente y al Congreso pedir perdón en televisión por invocar a la Virgen de Fátima y líderes religiosos en su toma de posesión
Un juez laboral de Bogotá ha ordenado este miércoles al presidente de Colombia, Gustavo De la Espriella, que pida disculpas públicas en radio y televisión el próximo 30 de septiembre por vulnerar la neutralidad religiosa del Estado durante su toma de posesión. La decisión, adoptada en primera instancia tras una acción de tutela, también exige al mandatario emitir una directiva presidencial para que todos los funcionarios respeten ese principio en actos oficiales.
El magistrado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá fundamentó su fallo en la presencia de símbolos y discursos religiosos durante la ceremonia. En el escenario destacó una imagen de la Virgen de Fátima, mientras el rabino David Michaan leyó versículos del Antiguo Testamento y cerró con un Viva Colombia y viva Israel. Le siguieron el pastor Eduardo Cañas Estrada y el monseñor Francisco Múnera, quienes pidieron el cese de atentados terroristas y la unión nacional. El juez consideró que estas intervenciones otorgaron «demasiado protagonismo a líderes religiosos» y constituyeron alabanzas incompatibles con la laicidad estatal.
La resolución, que puede ser impugnada, extiende la obligación de disculparse al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, por permitir que la investidura —celebrada en sede legislativa— incluyera elementos confesionales. Además, insta a De la Espriella a abstenerse de incurrir en conductas que lleven aparejada su inclinación a la iglesia católica o a cualquier otro credo particular.
El fallo se enmarca en el artículo 19 de la Constitución colombiana, que garantiza la libertad religiosa, pero prohíbe al Estado «adoptar cultos oficiales». Aunque la norma permite expresiones individuales de fe en actos públicos, la jurisprudencia ha establecido que los símbolos institucionales deben mantener neutralidad. En 2019, un fallo similar obligó al entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a retirar una estatua de la Virgen María de un parque público.
La decisión judicial llega en un contexto de tensión entre el Gobierno y sectores conservadores, que han acusado a De la Espriella de promover una agenda progresista. Analistas consultados por medios locales señalan que el fallo podría ser utilizado por la oposición para cuestionar la legitimidad del mandatario, aunque su impacto político dependerá de si la sentencia es confirmada en instancias superiores.
Fuente: El Debate (Internacional)
