La ayuda internacional se desploma a un tercio mientras más de la mitad de la población afgana requiere asistencia urgente tras un lustro de mandato islamista.
Cinco años después de la toma del poder por parte de los talibanes el 15 de agosto de 2021, Afganistán experimenta una drástica reducción de los combates bélicos a costa de una severa represión civil y una crisis humanitaria que afecta a la mayoría de sus 45 millones de habitantes. Aunque el descenso de los ataques armados y los bombardeos ha facilitado la actividad comercial básica y el tránsito en áreas urbanas y rurales, el régimen encabezado por Haybatulá Ajundzadé mantiene un sistema de exclusión estricta centrado en la población femenina y en la persecución de cualquier disidencia.
Un informe elaborado por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) constata que la caída en las cifras de víctimas civiles convive con un aparato de control estatal que ha despojado a las mujeres de sus derechos fundamentales. Las niñas tienen prohibido cursar estudios a partir del nivel de educación secundaria, al tiempo que las mujeres adultas han quedado apartadas del empleo público y de prácticamente la totalidad de puestos de trabajo de cara al público. A las restricciones previas para viajar sin un acompañante masculino o aparecer en medios de comunicación se han añadido normativas que vetan la emisión de su voz en público, mostrar el rostro e incluso asomarse a las ventanas de sus propios hogares.
El impacto sanitario y el retroceso en la atención médica femenina
El veto laboral impuesto contra las profesionales del sector sanitario ha deteriorado de forma acelerada la cobertura médica para las mujeres en diversas provincias del país. En la región occidental de Herat, la tasa de mortalidad materna se ha multiplicado por cinco durante los primeros seis meses de este año si se compara con los registros de hace un lustro, reflejando el impacto directo del desmantelamiento asistencial. Organizaciones internacionales de derechos humanos registran simultáneamente detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y campañas de intimidación contra periodistas, activistas y ciudadanos varones que protestan contra las directrices gubernamentales.
El aislamiento político del Emirato Islámico ha provocado a su vez un desplome en los fondos asistenciales externos. Los donantes internacionales, recelosos de transferir capital a un gabinete ministerial cuyos integrantes permanecen bajo sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU por vínculos con el terrorismo, han reducido drásticamente sus aportaciones. Las partidas destinadas a ayuda humanitaria han caído de más de 3.000 millones de euros en 2020 a aproximadamente 1.000 millones de euros durante el último ejercicio, con proyecciones de descensos adicionales para los meses venideros.
Parálisis financiera, desnutrición infantil y crisis de refugiados
La congelación de las reservas del banco central afgano decretada por Estados Unidos y el Reino Unido mantiene paralizado el circuito bancario formal. Según los balances de Naciones Unidas, más de la mitad de la ciudadanía afgana precisa asistencia de emergencia inmediata para subsistir, una cifra dentro de la cual se contabilizan 3,7 millones de niños diagnosticados con desnutrición aguda. La detención no aclarada de dos trabajadores de la organización internacional en la capital, Kabul, ha congelado aún más el diálogo técnico para canalizar fondos de socorro.
A nivel presupuestario interno, la prohibición del cultivo de adormidera decretada por la cúpula talibán eliminó la principal fuente tradicional de ingresos para las comunidades rurales, sin que la incipiente explotación de yacimientos mineros de hierro, cobre y tierras raras haya logrado suplir ese déficit financiero. A este estrangulamiento económico se añade la repatriación forzosa de seis millones de refugiados procedentes de Irán y Pakistán, quienes regresan desprovistos de recursos a un territorio golpeado recientemente por inundaciones con decenas de fallecidos y por un terremoto que en el año precedente causó más de 2.000 muertos.
Relaciones exteriores entre el pragmatismo regional y la tensión fronteriza
Pese a que Rusia permanece como el único Estado que ha formalizado el reconocimiento diplomático del Emirato Islámico, diversas potencias del entorno como China, India, Turquía, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Uzbekistán mantienen canales estables de comunicación con las autoridades afganas. En el ámbito occidental, la Unión Europea cursó invitaciones a representantes del régimen para abordar la gestión del retorno de migrantes afganos indocumentados.
En el extremo oriental, sin embargo, el escenario de seguridad se ha deteriorado debido al enfrentamiento directo con el gobierno de Islamabad. Las autoridades de Pakistán acusan a Kabul de proporcionar refugio a organizaciones armadas que ejecutan incursiones transfronterizas. En respuesta a estos episodios, las fuerzas militares paquistaníes han efectuado bombardeos dentro del suelo afgano que han dejado un saldo superior a los 1.000 fallecidos y han provocado el desplazamiento interno de decenas de miles de personas a lo largo de la franja limítrofe.
Fuente: El Mundo







