El presidente del TC sostiene que ningún miembro de un poder del Estado debería descalificar las decisiones del tribunal ni de ningún otro juzgado
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha advertido este domingo, 11 de octubre, de que cuestionar al tribunal de garantías supone cuestionar la democracia. El magistrado ha hecho estas declaraciones en una entrevista publicada por el diario El País, después del aval del tribunal a la ley de amnistía.
«Quien cuestiona el Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución, y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia», ha afirmado Conde-Pumpido. El presidente del TC ha vinculado así el respeto a las resoluciones del tribunal con la defensa del orden constitucional.
A su juicio, ningún miembro de un poder del Estado debería «descalificar o cuestionar las decisiones del Constitucional ni de ningún otro tribunal». Conde-Pumpido ha defendido además que la independencia judicial debe ser respetada siempre, sea cual sea el órgano judicial que reciba las críticas.
Las palabras del presidente del tribunal llegan después de las duras críticas del PP y de Vox al Constitucional. Ambos partidos han cargado contra el órgano por avalar la ley de amnistía a los líderes del procés independentista catalán. Sus reproches se dirigen también a la instrucción del TC al Tribunal Supremo para que aplique la norma, incluidos los casos de malversación.
La ley de amnistía fue aprobada por las Cortes Generales a propuesta del PSOE. La norma formó parte de los acuerdos que el partido socialista alcanzó con Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El Tribunal Supremo había rechazado aplicar la amnistía al delito de malversación, al entender que los condenados obtuvieron un beneficio personal. Esa interpretación afectaba, entre otros, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El Constitucional ha instado ahora al Supremo a aplicar la ley también a esos casos.
El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución de 1978. Entre sus funciones figuran resolver los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y los recursos de amparo por vulneración de derechos fundamentales.







