CRedacción Capitol·10 de octubre de 2026·3 min de lectura
El Constitucional condiciona su posible retorno con salvedades en el auto de Llarena, mientras Junts avanza en su campaña electoral sin claridad
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, se reunió en el monasterio de Montserrat para definir su futuro político tras nueve años de exilio. La sesión, limitada a un reducido grupo de colaboradores, abordó el qué, cómo y dónde de su regreso a la escena catalana.
El encuentro tuvo lugar en una sala con vistas al valle del Llobregat. Allí, mientras se sirvieron coca y chocolate, se debatió la posible escisión entre Puigdemont y el PDeCAT (partido del que surgió Junts). La tensión entre ambos bloques había aumentado, y algunos asistentes temían que la deliberación terminara en una ruptura similar a la de Josep Tarradellas en 1977.
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Durante la reunión, se comparó la figura de Puigdemont con la de Mandela y Julian Assange. También se mencionó al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cuya condena por enaltecimiento del terrorismo —anulada parcialmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— generó debate. Otegi, que visitó a Puigdemont en Waterloo, fue citado como ejemplo de resistencia frente a las estructuras judiciales del Estado.
Los participantes coincidieron en que el exilio en Bélgica ofrecía la mayor seguridad legal. Además, la capital europea se consideraba la mejor plataforma internacional para mantener visibilidad sin someterse a las estructuras judiciales españolas. Se acordó que la decisión de permanecer fuera del territorio nacional sería personal, aunque se contempló la participación de los consellers en la estrategia de Junts.
El debate en Montserrat: exilio, seguridad y el modelo Tarradellas
Oriol Junqueras, otro de los líderes de Junts, nunca optó por el exilio. Sin embargo, siete exconsellers abandonaron España en 2017, mientras que cinco regresaron posteriormente. Lluís Puig, por su parte, realizó dos viajes al extranjero durante el mismo periodo.
El 9 de octubre de 2026, Puigdemont recibió en Waterloo a Jordi Turull y Albert Batet, vicepresidentes de Junts, un día después de que Pedro Sánchez convocara elecciones generales para el 29-N. La decisión del Tribunal Constitucional de anular la orden de detención del presidente catalán quedó parcialmente suspendida por el auto del juez Llarena, que contiene salvedades.
La posible aplicación de una amnistía —impulsada por las necesidades parlamentarias del Gobierno de Pedro Sánchez— igualaría las condiciones legales de Puigdemont y Oriol Junqueras.
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En Junts, la gira prevista por Puigdemont para impulsar la maquinaria electoral avanza sin que el líder aclare su futuro dentro del partido. Mientras tanto, en ERC se prepara un posible divorcio interno, y Gabriel Rufián ha criticado públicamente a Puigdemont, calificándolo de «tarado» en declaraciones anteriores.
Amnistía, elecciones y el futuro legal de Puigdemont y Junqueras
El panorama político catalán sigue fragmentado. Junts busca consolidarse como principal fuerza independentista, aunque enfrenta la competencia de Alianza Catalana y resultados en encuestas que le restan apoyo. La evolución de la amnistía y la respuesta del Tribunal Constitucional determinarán si Puigdemont podrá regresar a la política activa o permanecerá como figura de referencia desde el extranjero.
