El tribunal considera desproporcionada la medida solicitada por las acusaciones y señala que el denunciante principal habría revelado secretos
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de las acusaciones en el procedimiento que investiga una supuesta filtración de un atestado policial por parte de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet. Las acusaciones habían solicitado la intervención de los móviles de la alcaldesa, del entonces jefe de la Policía Local, del director de comunicación del ayuntamiento y del concejal de seguridad.
Los magistrados declaran que la intromisión en el secreto de las comunicaciones no es proporcional a los hechos investigados, una presunta infidelidad en la custodia de documentos. Consideran que la intervención no es útil para la investigación y afecta al derecho constitucional al secreto y a la intimidad.
El recurso no ha sido admitido y no cabe posibilidad de recurso adicional. La Audiencia señala que el denunciante principal, el exjefe de la Policía Local, habría sido también uno de los presuntos intervinientes en la revelación de secretos o informaciones.
El exjefe de la Policía Local, señalado como interviniente
La solicitud de intervención de dispositivos móviles había sido parte de la estrategia de la acusación para identificar posibles fuentes de la filtración.
La Audiencia Provincial indica que la intervención de los móviles es desproporcionada y afecta al derecho constitucional a la intimidad, lo que impide su autorización.
La investigación sigue sin acceso a los móviles
El tribunal ha reiterado la necesidad de respetar el secreto de las comunicaciones en cualquier investigación, salvo que exista una justificación clara y proporcionada. En este caso, los magistrados han considerado que la justificación no se cumple.
La conclusión del recurso implica que la investigación continuará sin la posibilidad de acceder a los datos de los dispositivos móviles de los implicados. La Audiencia ha dejado abierta la puerta a otras líneas de investigación que no vulneren derechos constitucionales.
El caso sigue abierto y podría derivar en nuevas actuaciones judiciales, aunque la vía de la intervención tecnológica queda cerrada. La decisión de la Audiencia Provincial marca un precedente importante sobre la protección del secreto de las comunicaciones en procedimientos penales.
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