La UE frenó el flujo migratorio inducido por Bielorrusia con sanciones a aerolíneas y negociaciones con países de origen, pero el Tribunal de Justicia europeo declaró ilegales las detenciones automáticas por entrada irregular
Lituania, Letonia y Polonia aplicaron devoluciones en caliente y estados de emergencia en 2021 para frenar una llegada masiva de migrantes organizada por el régimen bielorruso de Alexander Lukashenko, que facilitó visados y vuelos desde Oriente Próximo como represalia por las sanciones de la UE.
En julio de ese año, Lituania —con menos de tres millones de habitantes— recibió casi 2.900 entradas irregulares, frente a las 81 del año anterior. El sistema de acogida colapsó: se habilitaron escuelas y bases militares como centros improvisados, como el de Rudninkai, que llegó a albergar a 800 personas en una aldea de 480 vecinos. Polonia y Letonia, con poblaciones de 38 y 1,9 millones respectivamente, también declararon emergencias, desplegaron militares y restringieron el acceso a periodistas y ONG. Polonia cerró 183 localidades fronterizas, mientras Letonia autorizó a sus fuerzas de seguridad a usar la fuerza para impedir cruces.
La estrategia redujo drásticamente los ingresos, pero desplazó la presión a otros puntos de la frontera y dejó a miles de migrantes atrapados entre dispositivos de seguridad. El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó después que Lituania no podía negar el asilo ni detener automáticamente a quienes entraran de forma irregular, y tribunales polacos anularon varias devoluciones. Los casos contra los tres países siguen pendientes en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La crisis se resolvió con medidas diplomáticas: la UE sancionó a aerolíneas implicadas y negoció con países de origen y tránsito para cortar el puente aéreo desde Minsk. En diciembre de 2021, los cruces volvieron a niveles previos. Sin embargo, la politóloga lituana Margarita Seselgyte advierte que la migración inducida sigue siendo un arma de guerra híbrida: Rusia la ha usado contra Finlandia tras su ingreso en la OTAN, y en Letonia persisten intentos de cruce incluso mediante túneles subterráneos.
El precedente báltico muestra cómo un flujo migratorio concentrado en territorios pequeños —como Ceuta, con 72.000 llegadas en 48 horas en 2021— puede desestabilizar gobiernos y forzar respuestas excepcionales. La UE logró contener la crisis, pero a costa de vulnerar derechos y enfrentar demandas judiciales, un equilibrio que sigue sin resolverse.
Fuente: El Mundo







