La formación pide analizar si la adquisición de 6,3 millones por Planifica Madrid supuso un menoscabo de fondos públicos y exige responsabilidades
Más Madrid ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que investigue si la compra de un ático en Chambera por parte de la Comunidad de Madrid generó un perjuicio económico a las arcas públicas. La operación, ejecutada por la empresa pública Planifica Madrid en abril de 2026, ascendió a 6,3 millones de euros por un inmueble de 485 metros cuadrados.
El Gobierno autonómico, liderado por Isabel Díaz Ayuso, justificó inicialmente que el espacio serviría como oficina temporal para la presidenta mientras duraran las obras en la sede de la Real Casa de Correos. Sin embargo, la polémica estalló al conocerse que el ático solo contaba con licencia para uso residencial, lo que invalidaba su destino oficial. Ante la presión mediática y política, el Ejecutivo madrileño anunció en mayo que pondría el inmueble a la venta con un precio de salida de 6,7 millones de euros, destinando los beneficios a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales en la Sierra Oeste. No obstante, el coste total de la operación, incluyendo impuestos y otros gastos derivados, sigue sin desglosarse públicamente.
La denuncia de Más Madrid solicita al Tribunal de Cuentas que evalúe dos aspectos clave: la posible existencia de un sobreprecio en la compraventa frente a alternativas más económicas, y la inclusión de gastos adicionales no declarados, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o cualquier otro coste asociado. La formación argumenta que, de confirmarse que el precio de venta final sea inferior al de adquisición, se habría producido una «pérdida patrimonial» injustificada para las arcas públicas. Además, cuestiona la justificación aportada por el Gobierno autonómico para la elección de este inmueble, que nunca llegó a utilizarse y se puso en venta a los pocos meses de su adquisición, sin que se hayan explicado los criterios que llevaron a descartar opciones «menos gravosas».
El documento presentada ante el Tribunal exige también que se determine la finalidad real de la compra y por qué se optó por este ático en concreto, en lugar de otras propiedades con un coste menor. La agrupación reclama, asimismo, que se identifiquen a los responsables de la posible infracción, proponiendo como candidatos a Isabel Díaz Ayuso y a su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, por su vinculación directa con Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de su consejería que ejecutó la operación.
Como parte del proceso, Más Madrid ha solicitado al Gobierno autonómico que entregue el expediente completo de la adquisición, incluyendo justificantes de pago, informes jurídicos, técnicos y económicos, contratos y cualquier otro documento relacionado con los gastos asociados. El objetivo es que el Tribunal de Cuentas pueda analizar con detalle todas las circunstancias que rodearon la compra y su posterior puesta en venta.
El papel del Tribunal de Cuentas y su competencia en este caso
El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador externo de las cuentas públicas en España, encargado de supervisar la gestión económica de las administraciones y de las entidades del sector público. Su función incluye analizar si las operaciones realizadas por las instituciones han respetado los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia en el uso de los fondos públicos. En este caso, el Tribunal deberá determinar si la compra del ático por parte de Planifica Madrid cumplió con estos principios o, por el contrario, supuso un menoscabo patrimonial para la Comunidad de Madrid.
La fiscalización del Tribunal de Cuentas no se limita a evaluar el precio de adquisición o venta de un bien, sino que también examina los procedimientos seguidos, la transparencia en la gestión y la justificación de las decisiones tomadas. En este sentido, la denuncia de Más Madrid plantea dudas sobre la transparencia de la operación, al no haberse hecho públicos todos los documentos relacionados con la compra, como los informes técnicos o jurídicos que respaldaran la elección del inmueble.
La empresa pública Planifica Madrid y su relación con el Gobierno autonómico
Planifica Madrid es una empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuyo objeto social incluye la gestión de patrimonio inmobiliario y la ejecución de obras y servicios para la administración autonómica. Su dependencia directa de la consejería que dirige Miguel Ángel García Martín sitúa a este último en una posición clave para explicar las decisiones tomadas en la adquisición del ático.
La empresa ha sido protagonista en los últimos años de varias operaciones inmobiliarias controvertidas, aunque su actividad principal se centra en la planificación urbanística y la gestión de activos públicos. En este caso, la compra del ático en Chambera ha generado críticas por parte de la oposición, que cuestiona tanto el precio pagado como la falta de claridad en el destino inicial del inmueble. La decisión de ponerlo a la venta meses después de su adquisición, y con un precio superior al de compra, ha añadido más incertidumbre sobre el verdadero motivo de la operación.
El contexto político: la presión sobre el Gobierno de Ayuso
La denuncia de Más Madrid se enmarca en un contexto de creciente tensión política en la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido objeto de críticas por su gestión en diversos ámbitos, desde la sanidad hasta el urbanismo. La compra del ático en Chambera se suma a una lista de polémicas que han puesto en entredicho la transparencia de su Ejecutivo, especialmente en lo que respecta a la utilización de fondos públicos.
La decisión de destinar los beneficios de la venta del ático a la recuperación de la Sierra Oeste, afectada por los incendios forestales, fue presentada como un gesto de responsabilidad por parte del Gobierno autonómico. Sin embargo, la falta de claridad sobre el coste real de la operación, incluyendo impuestos y otros gastos, ha impedido valorar si esta medida compensa el posible perjuicio económico inicial. Además, la rapidez con la que se puso en venta el inmueble, sin que este llegara a utilizarse, ha reforzado las sospechas sobre la idoneidad de la compra.
La denuncia ante el Tribunal de Cuentas obliga ahora al Gobierno madrileño a aportar toda la documentación solicitada, lo que podría desvelar nuevos detalles sobre una operación que, hasta el momento, ha generado más preguntas que respuestas. Mientras tanto, la oposición sigue exigiendo explicaciones sobre el criterio seguido para la selección del ático y sobre los responsables últimos de una decisión que, según Más Madrid, podría haber supuesto un uso inadecuado de los fondos públicos.
Fuente: Público
