CRedacción Capitol·10 de octubre de 2026·4 min de lectura
Con 44 reales decretos-leyes convalidados y 12 rechazados, la XV legislatura queda muy por debajo de la media histórica de más de 180 normas
El lunes la XV legislatura cierra con 79 leyes aprobadas. De esas, 12 son orgánicas, 21 ordinarias y 44 reales decretos-leyes convalidados. Es la cifra más baja desde la democracia. El Gobierno ha usado 189 reales decretos-leyes desde 2018, récord histórico.
La disolución de las Cortes Generales el pasado lunes, tras anunciar el adelanto electoral para el 29 de noviembre, ha truncado el tramitado de varias normas que estaban a punto de ver la luz, como las reformas vinculadas a la crisis de vivienda y las ayudas por la dana. El Gobierno ha insistido en tener mayoría parlamentaria. Sin embargo, la aritmética compleja obligó a negociaciones de última hora y votaciones por márgenes mínimos.
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La comparación con la legislatura anterior, la XIV con coalición PSOE-Unidas Podemos, es reveladora. Entonces se aprobaron 216 normas, aunque casi la mitad fueron decretos-leyes. Esto se debió en buena medida a la emergencia sanitaria de la pandemia. La media histórica de leyes por legislatura supera las 180, una cifra que la XV deja muy por debajo. Solo las dos legislaturas fallidas de 2016 y 2019, marcadas por la imposibilidad de investir presidente, registraron una actividad legislativa inferior.
¿Por qué el Gobierno ha recurrido tanto a los decretos-leyes?
El Partido Popular y Vox han criticado lo que consideran un abuso. Los datos históricos matizan el debate. Mariano Rajoy aprobó 116 normas, José María Aznar 127 y Felipe González 129. Sin embargo, Sánchez supera a todos en el cómputo global de su mandato. Tiene casi 60 decretos-leyes más que el socialista más prolífico.
La justificación del Gobierno apunta a la complejidad del escenario político. La cámara baja está fragmentada, por lo que cada norma requiere acuerdos de última hora. También se necesitan votaciones ajustadas. Así, iniciativas como las ayudas por la dana, los fondos para paliar los efectos de la guerra en Irán o los paquetes de vivienda han sido impulsadas mediante decretos, algunos de los cuales —como los dos vinculados a la crisis habitacional— aún aguardan convalidación por la Diputación Permanente.
Doce decretos-leyes fueron rechazados por el Congreso, cifra récord. Entre ellos, medidas para regular el alquiler y agilizar expropiaciones de viviendas vacías. El adelanto electoral deja estas normas en suspenso. La Diputación Permanente debe decidir antes de la disolución si las convalida o caducan.
¿Qué iniciativas se han quedado en el camino?
El fin de la legislatura ha paralizado proyectos que llevaban meses en tramitación. Entre las normas paralizadas está una reforma de la ley de vivienda para endurecer sanciones a fondos buitre. También se incluye una norma sobre alquiler turístico. Además, hay medidas fiscales para gravar beneficios extraordinarios de energéticas. Todas ellas dependían de acuerdos con partidos como Junts per Cataluña. El rechazo de Junts a los decretos del Gobierno sobre vivienda precipitó la convocatoria electoral.
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Además, dos reformas constitucionales —una sobre el derecho a la vivienda y otra para actualizar el marco autonómico— han quedado en suspenso. La primera, impulsada por el PSOE y Sumar, requería un consenso que nunca se logró. La segunda, negociada con ERC, se vio truncada por el adelanto. Ambas podrían resurgir en la próxima legislatura, pero su tramitación dependerá de la nueva correlación de fuerzas en el Congreso.
El balance incluye 12 leyes orgánicas (violencia de género, igualdad salarial) y 21 ordinarias (cambio climático, transición energética). Sin embargo, el ritmo de aprobación ha sido lento. Algunas, como la ley de memoria democrática, llevaban más de dos años en tramitación.
La Diputación Permanente, ahora encargada de convalidar los decretos-leyes pendientes, se enfrenta a un desafío técnico y político. Sus miembros —120 diputados— deberán decidir en las próximas semanas sobre normas que podrían definir el rumbo social y económico hasta las elecciones. Si no las aprueba, caducarán automáticamente con la disolución de las Cortes.
El uso récord de decretos-leyes refleja una legislatura con fragmentación parlamentaria y dificultad para alcanzar mayorías estables. Mientras, la oposición insiste en que este modelo de gobernanza —basado en normas urgentes y acuerdos puntuales— ha debilitado la calidad democrática. El 29 de noviembre, los ciudadanos decidirán si prefieren repetirlo o buscar alternativas.
