El Ejecutivo de López Miras aprueba una declaración de apoyo a Juan Jesús Vivas tras recibir a 255 menores entre julio y agosto
Frente a la presión asistencial provocada por los accesos fronterizos del 30 de julio en la frontera sur, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó este jueves una declaración institucional en la que reclama al Ejecutivo central el retorno a sus lugares de procedencia de quienes hayan entrado de manera irregular, con especial mención a los menores no acompañados. La iniciativa administrativa se produce inmediatamente después de que el presidente autonómico, Fernando López Miras, participara en la concentración ciudadana convocada ante el Ayuntamiento de la capital murciana, una movilización que congregó a 20.000 personas en la Glorieta de España según las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno.
El pronunciamiento formal del gabinete autonómico subraya el respaldo explícito a las instituciones de la ciudad autónoma y a su presidente, Juan Jesús Vivas. El texto institucional afirma que Ceuta forma parte esencial de la nación con idéntica legitimidad que cualquier otra autonomía española, al tiempo que emplaza a los ministerios competentes a utilizar todos los recursos del Estado para garantizar el orden público y la tranquilidad vecinal en el enclave norteafricano.
En la comparecencia posterior a la reunión de los consejeros, la portavoz del Ejecutivo murciano, María Isabel López Aragón, detalló la carga de gestión asumida por los servicios de protección autonómicos. Durante los meses de julio y agosto, las instalaciones de la comunidad registraron la llegada de 255 menores migrantes, un volumen que representa más del doble de las admisiones computadas en el mismo periodo del ejercicio anterior y que sitúa el balance anual acumulado en 500 menores atendidos.
La portavoz gubernamental argumentó que la respuesta prioritaria ante este repunte asistencial debe basarse en la repatriación coordinada. Para fundamentar esta posición, María Isabel López Aragón evocó las manifestaciones emitidas por distintos miembros del gabinete de Pedro Sánchez en los días inmediatamente posteriores a las entradas de finales de julio, subrayando que las autoridades ministeriales contemplaron entonces la reagrupación familiar como salida preferente. Asimismo, la representante regional indicó que la administración de Marruecos ha expresado su conformidad hacia fórmulas de restitución de los jóvenes a sus hogares de origen.
El debate territorial sobre la tutela asistencial y las competencias de acogida
La posición expresada por el Ejecutivo murciano conecta de manera directa con las tensiones recurrentes entre el Gobierno central y las comunidades autónomas respecto al modelo de acogida solidaria y el reparto vinculante de contingentes. En el organigrama administrativo español, la tutela jurídica y la manutención diaria de los menores extranjeros no acompañados recaen de forma exclusiva sobre las consejerías de asuntos sociales de las comunidades en cuyo territorio se encuentren. Esta delimitación legal genera que los territorios receptores deban habilitar plazas residenciales, personal técnico y partidas presupuestarias propias cuando se producen picos de llegadas en puntos de entrada fronteriza como Ceuta, Melilla o el archipiélago canario.
Las tensiones operativas se incrementan al confluir dos ámbitos competenciales diferenciados: mientras las autonomías gestionan la protección del menor, la política de control fronterizo, extranjería, seguridad ciudadana y relaciones bilaterales exteriores depende en exclusiva del Estado central. En este marco, las solicitudes de retorno de menores precisan de acuerdos diplomáticos específicos y de protocolos exhaustivos supervisados por la Fiscalía de Menores, diseñados para certificar el interés superior del niño y asegurar que la entrega a las familias o a las entidades de protección del país emisor cuente con plenas garantías jurídicas.
La declaración institucional murciana también vincula el escenario norteafricano con la situación de su propia fachada litoral. El gabinete regional aludió a la detección continuada de embarcaciones rápidas conocidas como pateras-taxi en las costas de la comunidad para demandar un incremento de medios materiales y humanos destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, enfatizando la necesidad de blindar la vigilancia operativa tanto en el perímetro terrestre ceutí como en las rutas de navegación marítima.
El inicio del calendario político murciano hacia los comicios de 2027
El posicionamiento público en materia migratoria coincide con la apertura formal del curso político en la Región de Murcia, una etapa en la que Fernando López Miras encara el trabajo preparatorio para concurrir a la reelección en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027. El Partido Popular murciano busca afianzar una línea de firmeza discursiva en cuestiones de soberanía nacional y control fronterizo, elementos de alta relevancia en el debate territorial frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Al fijar el foco en la gestión migratoria y en el balance de los menores tutelados, el gabinete de Fernando López Miras persigue cohesionar su base electoral en una comunidad con presencia parlamentaria de Vox, formación que mantiene la política migratoria como eje prioritario de fiscalización al gobierno regional. La alineación con Juan Jesús Vivas permite a las autoridades murcianas exhibir una postura de cooperación interterritorial entre ejecutivos del mismo signo político, al tiempo que trasladan al ámbito ministerial la responsabilidad de activar los mecanismos de devolución internacional previstos en la legislación de extranjería.
Fuente: El Mundo
