El arresto en Norte de Santander desactiva el complot atribuido a la cúpula del Frente de Guerra Nororiental contra Abelardo de la Espriella
Las fuerzas de seguridad colombianas neutralizaron en el departamento de Norte de Santander a un integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) señalado por preparar un atentado directo contra el presidente Abelardo de la Espriella. La detención, ejecutada en el término municipal de Ocaña, desarticuló los preparativos atribuidos a un tirador especializado de esta organización guerrillera antes de que pudiera consumar la acción armada.
El operativo policial, bautizado como operación Esparta, fue coordinado de forma directa por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Digan). A través de este despliegue se localizó al sospechoso, identificado con los alias de Virú o Firulas, quien se encontraba en situación de búsqueda y captura internacional por graves delitos cometidos en territorio colombiano.
El papel del Frente de Guerra Nororiental en la región del Catatumbo
Los informes de los servicios de inteligencia sitúan al detenido dentro de la estructura armada del Frente Camilo Torres Restrepo, integrado a su vez en el Frente de Guerra Nororiental del ELN. Esta facción, consolidada como la rama operativa de mayor envergadura del grupo insurgente, ejerce un control territorial significativo sobre diversas áreas estratégicas de la región fronteriza del Catatumbo, colindante con Venezuela.
De acuerdo con las indagaciones oficiales trasladadas por el mandatario, el Estado Mayor de este frente nororiental designó de forma expresa al tirador para asumir tanto la fase de planeación logística como la ejecución material del magnicidio. Su experiencia como francotirador resultaba un elemento determinante en el diseño de la emboscada que los mandos guerrilleros pretendían materializar en esta zona del noreste del país.
Reclamado por el homicidio agravado de tres agentes policiales
Más allá de la tentativa contra el jefe del Estado, el arrestado arrastra un amplio historial delictivo que motivó la emisión previa de varias órdenes judiciales. La justicia le atribuye formalmente los cargos de homicidio agravado en persona protegida, junto a delitos continuados de fabricación, tráfico y porte ilícito de armas de fuego.
Entre las acciones que sustentan estos requerimientos penales figura de manera destacada el asesinato de tres agentes de la Policía Nacional durante un ataque perpetrado en el municipio de Río de Oro, ubicado en el limítrofe departamento del Cesar. Asimismo, los registros judiciales vinculan directamente a este miliciano con diversas ofensivas con artefactos explosivos ejecutadas contra miembros e instalaciones de la Fuerza Pública en esa misma franja territorial.
Fuente: El Debate (Internacional)
