El caso de Maricarmen, desalojada tras 70 años en su vivienda, acelera la negociación final antes del Consejo de Ministros del martes
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará el próximo martes un decreto de vivienda en el Consejo de Ministros, pero la negociación interna se ha tensado tras el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada en Madrid tras vivir más de siete décadas en su vivienda.
La presión de sus socios y las formaciones que necesitan para aprobar el texto ha obligado al PSOE a buscar un equilibrio entre dos posturas radicalmente opuestas: Sumar reclama medidas intervencionistas como la expropiación de viviendas y la regulación de alquileres, mientras Junts defiende incentivos fiscales para propietarios y evitar cargas sobre pequeños arrendadores.
El decreto, que se negocia en la recta final, incluye propuestas de Sumar como protección contra desahucios sin alternativa habitacional y regulación de precios, pero también medidas de Junts para fomentar el alquiler con ayudas a propietarios. El PSOE deberá decidir cuánto cede ante estas presiones antes de la aprobación.
El caso de Maricarmen ha reavivado el debate: mientras Sumar pide expropiar viviendas vacías, Junts apuesta por desgravaciones fiscales para incentivar el alquiler. El Gobierno, en medio, deberá definir qué modelo de vivienda impone en el texto definitivo.
La negociación refleja la división interna: Sumar exige medidas urgentes para inquilinos, mientras Junts teme perjudicar a pequeños propietarios. El decreto, que se aprueba en un contexto de alta presión social, podría marcar el rumbo de la política de vivienda en España.
