La Fiscalía Anticorrupción ve factible la imputación del partido por tráfico de influencias, pero la decisión no se tomará antes de los comicios
El magistrado Santiago Pedraz no prevé practicar diligencias de gran impacto político antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Los investigadores consideran que los hechos atribuidos a Santos Cerdán podrían derivar en la imputación del partido por cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, descartan dar el paso antes de los comicios.
La Fiscalía Anticorrupción y el propio instructor estiman factible la imputación del PSOE por esos delitos, según fuentes jurídicas. La decisión no se tomará antes del día de la votación.
La UCO aún analiza correos y registros de Ferraz
Fuentes del Ministerio Público comentan que «Seguiremos avanzando, salvo diligencias que tengan un impacto muy directo en las elecciones».
Otras fuentes jurídicas descartan que, antes del 29 de noviembre, se cite al director de los servicios jurídicos del PSOE, Alberto Cachinero, ni a Leire Diez o Santos Cerdán, principales investigados en la causa.
La UCO sigue analizando archivos y documentos clave para los interrogatorios. La declaración testifical de la magistrada Beatriz Biedma está prevista para el jueves.
Biedma declara el jueves como perjudicada
Pedraz ha admitido su personación como perjudicada, al menos por el delito de calumnia. La jueza sostiene que las cloacas de Leire Diez contactaron con un clan de narcotraficantes de Badajoz para amedrentarla.
La UCO ha interrogado a una integrante del clan en Badajoz y Biedma podría aportar nueva información en su testimonio.
En la misma investigación se examinan presuntas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), vinculando a Joseba Antxon Alonso y al expresidente Vicente Fernández.
El juez Pedraz solicitó a la Guardia Civil informes sobre correos electrónicos de Santos Cerdán, la gerente del PSOE, el ex director de comunicación Ion Antolín y dos trabajadoras del partido. También pidió el registro de entradas físicas en la sede del PSOE.
Según la instrucción del 26 de mayo, la UCO debe recabar información en Ferraz y analizar libros contables del PSOE.
El auto de finales de mayo del magistrado enumeró presuntos delitos como organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
Los delitos de cohecho y tráfico de influencias atribuidos a Santos Cerdán podrían extenderse al PSOE como persona jurídica, según fuentes de la investigación que citan el artículo 31 bis del Código Penal.
Ese artículo, introducido en la reforma de 2012, permite responsabilizar penalmente a personas jurídicas cuando un integrante autorizado comete un delito en beneficio directo o indirecto de la organización.
Si se acreditara la participación de Santos Cerdán o Ana María Fuentes en nombre del PSOE, la imputación de estos miembros podría «contaminar» al partido, afirman fuentes fiscales.
Mientras tanto, el PSOE sigue enfrentando otras causas judiciales, como el caso Koldo en el Juzgado Central de Instrucción número 2, que incluye investigaciones sobre mascarillas, amaños de obra pública y otras piezas bajo secreto de sumario.
En conjunto, la UCO y la Guardia Civil continúan recopilando pruebas que podrían generar nuevas indicaciones contra las presuntas cloacas o confirmar las ya existentes, sin que se esperen novedades de gran impacto político antes de los comicios.
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