Actualización (06 de octubre a las 16:33):
El escrito atribuye al partido financiación ilegal, cohecho y blanqueo, y el juez ya ha pedido informe a la Fiscalía Anticorrupción
El PP ha pedido al juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, que cite al PSOE como investigado. Según el escrito, al que ha tenido acceso El Español, la instrucción ha confirmado que el PSOE sufragó los gastos de la trama, según el PP.
El PP atribuye al PSOE presuntos delitos de financiación ilegal, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y malversación. Una resolución de mayo de Pedraz señaló que el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán pagó gastos de la trama, como viajes de Leire Diez, y puso la infraestructura del partido a su servicio.
El escrito del PP destaca que testificales de cargos del PSOE, entre ellos su presidenta, Cristina Narbona, han puesto de manifiesto que el partido no contaba con medidas de control para prevenir delitos. Según el PP, que ejerce la acusación popular, esas decisiones dependían de la alta dirección del PSOE sin que existiera ningún órgano que fiscalizara su actuación.
Reuniones en Ferraz y audios del caso Villarejo
El PP sitúa el punto de inflexión en abril de 2024, cuando se inició el caso Begoña contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez. Según el PP, en esos cinco días de periodo de reflexión del presidente comenzaron a perfilarse las líneas de actuación de la trama investigada. En dos reuniones en la sede de Ferraz, Diez entregó a Cerdán audios del caso Villarejo que, según el PP, Sánchez usó después para presentarse como víctima de un complot policial.
Según el PP, la trama, bajo el liderazgo de Cerdán, realizó ofrecimientos a funcionarios públicos para influir en su desempeño profesional. Esta reconoció ser la mano derecha en la sombra del exsecretario de Organización.
La gerente del PSOE, entre los investigados
El juez Pedraz ya ha pedido opinión a la Fiscalía Anticorrupción, que deberá pronunciarse en un informe. Entre los investigados figuran la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, Diez, Cerdán y el exconsejero andaluz Gaspar Zarrias.
Contexto y antecedentes
La trama operaba desde la sede del PSOE en Ferraz, utilizando recursos del partido para sus actividades. El PP actúa como acusación popular en la causa, mientras el juez Pedraz analiza si existen indicios suficientes para imputar a cargos socialistas.
La Fiscalía Anticorrupción deberá determinar si hay pruebas para ampliar la investigación al partido en su conjunto.
El caso David Sánchez, investigado por la juez Viedma, se centra en presuntos pagos irregulares al hermano del presidente. Mientras, el caso Begoña Gómez examina supuestos sobornos en la adjudicación de contratos públicos. Ambos procedimientos han sido señalados por el PP como ejemplos de la operativa criminal que, según su escrito, el PSOE habría financiado.
La gerente Ana María Fuentes, investigada desde 2024, es la máxima responsable actual del PSOE en materia administrativa. Su posible vinculación con la trama podría afectar a la imagen de transparencia del partido, clave en un contexto de creciente desconfianza hacia la clase política.
El juez Pedraz deberá valorar si los hechos descritos constituyen delitos graves o si, por el contrario, se trata de irregularidades menores. La decisión de la Fiscalía Anticorrupción será determinante para el siguiente paso judicial. Mientras, el PSOE no ha reaccionado públicamente al escrito del PP, aunque fuentes internas han tachado las acusaciones de maniobra política sin aportar pruebas.
La acusación popular solicita al juez de la Audiencia Nacional que atribuya al partido cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y financiación ilegal
La acusación popular unificada que lidera el PP ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite al PSOE como investigado en el caso Leire Diez.
Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la petición se basa en que las actuaciones practicadas confirman que el partido sufragó los gastos de una presunta organización criminal por indicación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.
La solicitud indica que el PSOE debería ser considerado presunto responsable de delitos de cohecho y tráfico de influencias, así como de blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos en relación con la malversación de caudales públicos indiciariamente cometida por sus dirigentes.
El escrito busca que el juez atribuya al PSOE la condición de persona jurídica investigada.
El juez Santiago Pedraz, encargado de la causa, aún no ha decidido sobre la petición del PP.
El caso Leire Diez se originó a raíz de denuncias sobre presuntas irregularidades en la financiación del partido, unos hechos que no han sido judicialmente acreditados.
El PP, que lidera la acusación popular, argumenta que la investigación debe abarcar a todos los presuntos responsables, mientras que el PSOE ha defendido su inocencia y ha calificado la solicitud como una «táctica judicial» destinada a politizar la causa.
En caso de que el juez acepte la solicitud, el PSOE pasaría a ser investigado junto a los individuos ya señalados, lo que podría derivar en la apertura de nuevas diligencias de investigación y la posible práctica de medidas cautelares.
La decisión de la Audiencia Nacional será crucial para determinar el futuro del proceso y la posible implicación del partido en los delitos señalados.
El dato Capitol: la media de encuestas para unas elecciones generales sitúa a PP en el 32,2 % de los votos (21 encuestas, últimos tres meses). Ver el agregador.
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