El Constitucional anula las cárceles de Griñán y Chaves por los ERE
El tribunal limita la malversación a las ayudas concedidas sin cobertura legal y exime a los políticos de los fondos aprobados por el Parlamento andaluz
CRedacción Capitol·6 de octubre de 2026·2 min de lectura
El tribunal limita la malversación a las ayudas concedidas sin cobertura legal y exime a los políticos de los fondos aprobados por el Parlamento andaluz
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla sigue dictando condenas contra ex altos cargos de Empleo, intermediarios y empresarios por las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía.
El caso abarca el periodo 2000-2011 y consistió en un sistema de ayudas sociolaborales irregulares que benefició a empresas, trabajadores y personas afines al PSOE regional.
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Una investigación inicial liderada por la jueza Mercedes Alaya precedió a la primera gran sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla en 2019.
Condenas de 2019 y ratificación del Supremo en 2022
El fallo condenó a Manuel Chaves, ex presidente de la Junta, a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
José Antonio Griñán recibió seis años de prisión y quince de inhabilitación por malversación y prevaricación.
Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, entre otros, fueron sentenciados a penas de cárcel e inhabilitación.
El Tribunal Supremo ratificó íntegramente esas condenas en 2022.
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El Constitucional anula las penas de cárcel en 2024
Dos años después, el Tribunal Constitucional estimó parcialmente los recursos de amparo de los principales condenados y anuló las penas de prisión de Griñán, Chaves y varios ex consejeros.
El Constitucional argumentó que la elaboración y aprobación de los proyectos de ley de presupuestos no constituye delito de prevaricación administrativa.
Eximió a los políticos de responsabilidad por los fondos aprobados por el Parlamento andaluz y limitó la malversación a las ayudas concedidas sin cobertura legal.
Las vistas continúan contra ex directores generales, intermediarios y empresarios que gestionaron ayudas al margen de la normativa.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado imponiendo penas de prisión a ex altos cargos de Empleo por ayudas concretas otorgadas al margen de la ley a empresas específicas.
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Los actuales gobernantes de la Junta de Andalucía no cesan en el empeño de recuperar la mayor cantidad posible de fondos públicos.
El caso de los ERE y las condenas que trajo aparejadas se interpretan como un juicio a una época en la que se entendió el poder como propiedad estricta de un partido.
El seguimiento de los procesos de recuperación y de las nuevas medidas de control será decisivo para restaurar la confianza ciudadana.
Durante esos años, la falta de mecanismos de control permitió que el Ejecutivo andaluz operara sin cortapisas ni supervisión efectiva.
La revisión judicial busca restablecer el principio de legalidad y evitar la repetición de prácticas similares en el futuro.
