CRedacción Capitol·4 de agosto de 2026·2 min de lectura
El presidente de Melilla asegura que el CNI avisó de las avalanchas y que «no se le hizo caso»
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha calificado este lunes de «fracaso total del Gobierno de España» la gestión de la reciente crisis migratoria en Ceuta y, en menor medida, en Melilla, por considerar que el Ejecutivo actuó con retraso pese a tener información previa sobre posibles avalanchas desde Marruecos.
En una rueda de prensa, Imbroda ha asegurado que «el CNI lo había anunciado y no se le hizo caso», y ha señalado que días antes de los sucesos «ya se estaban produciendo entradas irregulares y existían avisos públicos sobre el riesgo de una llegada masiva de migrantes». También ha rechazado que la situación en Ceuta esté normalizada: «Es mentira que esté la situación de Ceuta normalizada», afirmó, asegurando que «hay miles y miles» de migrantes todavía en la ciudad autónoma.
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El dirigente melillense ha puesto en duda que los acontecimientos respondan únicamente a un fenómeno migratorio, al considerar que «70.000 u 80.000 personas no se mueven a su aire sin que nadie esté enterado y nadie ponga remedio», apuntando a la actuación o permisividad de las autoridades marroquíes. Ha reconocido factores económicos como la diferencia de renta, pero los ha descrito como «un caldo de cultivo» que puede ser utilizado para dirigir esos movimientos.
Imbroda ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por calificar los hechos como una «afrenta contra la soberanía española» sin señalar al responsable, y ha reprochado la política hacia Marruecos, al considerar que España ha hecho «tantas concesiones a cambio de nada» pese a ser «el principal proveedor comercial del país vecino y uno de sus principales apoyos en el ámbito europeo».
Finalmente, ha vinculado la crisis con las decenas de fallecidos durante los intentos de cruce hacia Ceuta, exigiendo que tanto Marruecos como el Gobierno español «deben asumir responsabilidades»: Marruecos debe explicar cómo permitió que «casi cien jóvenes» murieran, y al Ejecutivo español le atribuye una responsabilidad «por dejadez» por no actuar pese a los avisos previos.
