CRedacción Capitol·15 de octubre de 2026·3 min de lectura
La consejera Elena Hernáez levanta los avales del Institut Català de Finances por 4.283.438,23 €, y permite apelar la sentencia en quince días
Las claves
La sentencia fue dictada por la consejera Elena Hernáez del Departamento Segundo de Enjuiciamiento.
El procedimiento se remontaba a 2021 y estaba pendiente del pronunciamiento del TJUE.
El TJUE avaló el 16 de julio la aplicación de la amnistía siempre que se respeten los límites europeos.
No se acreditó que los desembolsos se financiaran con fondos del presupuesto comunitario.
La parte dispositiva declara la absolución de todos los demandados por Sociedad Civil y el Ministerio Fiscal.
El Tribunal de Cuentas aplicó la controvertida ley de amnistía a Carles Puigdemont y a 34 personas encausadas por gastos del referéndum del 1-O y la promoción internacional del procés. Entre los absueltos se encuentran los expresidentes Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras. Se levantan las garantías impuestas, incluidos avales del Institut Català de Finances por 4.283.438,23 euros.
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La sentencia fue dictada por la consejera Elena Hernáez del Departamento Segundo de Enjuiciamiento. El procedimiento, iniciado en 2021, estaba a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El 16 de julio de 2026 la justicia comunitaria avaló la aplicación de la amnistía siempre que se respeten los límites del derecho europeo y la protección de los intereses financieros de la Unión.
No quedó acreditado que los desembolsos examinados se financiaran con fondos del presupuesto comunitario. Por ello, la parte dispositiva declara la absolución de todos los demandados por Sociedad Civil y por el Ministerio Fiscal. La Generalitat certificó que las partidas investigadas se financiaron con recursos propios de la administración catalana.
La sentencia puede ser recurrida en apelación ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas dentro de quince días desde su notificación. También fueron absueltos los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig y Dolors Bassa.
La Fiscalía había reclamado inicialmente el reintegro de unos 3,1 millones de euros. Sin embargo, tras la aprobación de la ley de amnistía en 2024 modificó su posición y solicitó su aplicación. Sociedad Civil Catalana mantuvo una reclamación de casi cinco millones de euros y se opuso a la exoneración de los investigados. Sus intentos de mantener abierta la investigación sobre la posible utilización de fondos europeos no prosperaron.
El 29 de julio de 2024 la consejera Hernáez planteó ocho cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la compatibilidad de la amnistía con el derecho comunitario. Tras el pronunciamiento luxemburgués, Hernáez solicitó nuevas alegaciones para determinar si los gastos fueron sufragados total o parcialmente con fondos comunitarios.
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La Generalitat, gobernada por Salvador Illa, descartó la procedencia de fondos europeos y defendió la aplicación de la amnistía. Los certificados de la Intervención General catalana de julio y agosto de 2026 confirman que los desembolsos se financiaron con recursos propios de la Generalitat. La consejera reprochó a Sociedad Civil Catalana la falta de hechos objetivos para cuestionar esas certificaciones.
El 10 de septiembre la consejera rechazó la solicitud de Sociedad Civil Catalana para acreditar la posible afectación de fondos europeos. El Departamento Segundo de Enjuiciamiento dictó otro auto que desestima el recurso de reposición de Sociedad Civil Catalana, resolviendo de forma firme.
El procedimiento se remontaba a 2021 y estaba pendiente del pronunciamiento del TJUE.
