CRedacción Capitol·9 de octubre de 2026·2 min de lectura
El Ayuntamiento de Lorca denuncia incumplimiento de promesas electorales y alerta sobre la pérdida de un espacio público para uso comunitario
El PSOE prometió en campaña construir 900 viviendas para jóvenes en ese terreno, pero no se ha edificado ninguna.
Fulgencio Gil, alcalde de Lorca por el PP, ha calificado la operación de ‘robo’ y ha denunciado que el Gobierno prioriza la venta del suelo público sobre el cumplimiento de compromisos sociales.
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La decisión se produce tras rechazar el Ministerio de Defensa las solicitudes municipales para ceder la parcela, inicialmente destinada a un pulmón verde y espacio deportivo, y tras desestimarse proyectos previos como un centro logístico militar o un hospital.
El alcalde ha recordado que, desde 2017, el PSOE propuso sucesivos usos para Carraclaca —ocio, logística, hospital y vivienda—, sin ejecutar ninguno.
Contexto: desahucios y crisis de vivienda
La venta del solar refuerza las críticas del PP al Gobierno por su gestión en política de vivienda, en un contexto de subida de precios y desahucios masivos. Según datos citados por Gil, en España se han desahuciado 180.000 familias en los últimos ocho años, a razón de 96 diarias, mientras los costes de alquiler y compra alcanzan niveles «inasumibles».
El Ayuntamiento también alerta sobre el riesgo de perder el acceso a las instalaciones históricas de Carra claca, frecuentadas por senderistas y deportistas, tras la prohibición de uso público que podría derivarse de la enajenación.
Otro solar en riesgo: el de Apolonia
El Ministerio de Defensa mantiene en trámite la subasta de otro terreno municipal, de 2.400 metros cuadrados en el barrio de Apolonia, donde también se prometió construir viviendas. Fuentes del consistorio lorquino advierten de que su venta a fondos privados podría repetir el patrón de Carra claca: incumplimiento de promesas y pérdida de espacios públicos.
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Gil ha vinculado ambos casos a una supuesta «política de especulación» del Gobierno, acusando a Pedro Sánchez de «robar» suelo público para beneficiar a inversores privados en lugar de resolver la crisis habitacional.
La cronología de promesas incumplidas en Carra claca —desde 2017— refleja la tensión entre compromisos electorales y decisiones administrativas. El PSOE, en el poder desde 2018, ha justificado la venta como una gestión eficiente de activos públicos, aunque sin detallar alternativas para las 900 viviendas prometidas.
El Ayuntamiento podría recurrir la adjudicación, alegando vulneración de acuerdos previos o falta de transparencia en el proceso.
Mientras, la oposición local insiste en que el caso simboliza un modelo de gestión que prioriza el beneficio privado sobre las necesidades sociales., en un momento de creciente presión por la asequibilidad de la vivienda en España.
Un fondo de inversión privado obtuvo la adjudicación tras superar la oferta mínima establecida por la normativa de subastas de bienes públicos.
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El terreno de 2.400 metros cuadrados en Apolonia sigue en fase de valoración. Se espera que la subasta se celebre en los próximos seis meses, lo que podría reavivar el debate sobre la pérdida de un espacio prometido para vivienda y uso comunitario.
