Actualización (05 de octubre a las 18:30): Sánchez pide a los diputados que prioricen a los ciudadanos y alerta de un daño económico y social si decaen los textos legislativos
Pedro Sánchez ha pedido al Partido Popular y a Junts que no tumbaran los decretos ley de vivienda. Lo ha hecho antes de que arrancara la votación en el Congreso. El presidente del Gobierno ha reclamado a los diputados que se olviden del cálculo político, del argumentario de su partido y de las presiones que les llegan de arriba. En su intervención, Sánchez ha pedido a los diputados que piensen en los jóvenes que no pueden independizarse, en las familias angustiadas por el alquiler y en los jubilados que no son propietarios de su vivienda.
El jefe del Ejecutivo ha advertido de que la derogación de los decretos causaría un daño inmenso al país. Afectaría a la vida cotidiana de millones de españoles, al crecimiento económico y a la imagen internacional de España. Según sus palabras, la culpa no la tendrá la troika, ni la prima de riesgo, ni los bancos, sino quienes voten no desde su escaño. Sánchez ha emplazado a los diputados del PP y de Junts a demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar al Gobierno.
El debate parlamentario se cerró con la advertencia de que, si decaen los decretos, el daño a la confianza de la población en la democracia y en sus instituciones sería inmenso. En el Gobierno y el PSOE crece la certidumbre de que la derogación abre la mejor ventana para convocar un adelanto electoral. Sánchez lo debatirá con su núcleo duro en los próximos días. La primera cita política será la reunión de la ejecutiva del PSOE el próximo lunes.
El voto contrario del Partido Popular, Vox, UPN y Junts ha derogado los dos decretos ley. Sánchez ha pedido a los diputados del PP y de Junts que estén a la altura de lo que pide la ciudadanía. Les ha preguntado si están para servir a unas élites inmobiliarias o al interés de la gente corriente. El presidente ha concluido pidiéndoles que hagan lo correcto, porque si no la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan.
Actualización (05 de octubre a las 17:59): El rechazo deja al Gobierno sin mayoría y varios analistas apuntan a un posible anticipo electoral centrado en la vivienda
Junts ha votado el viernes en el Congreso contra los decretos que pretendían frenar los desahucios y proteger a los inquilinos. La iniciativa ha decaído.
Según ha publicado infoLibre, varios analistas interpretan la decisión como un golpe a la legislatura, que ya mostraba signos de desgaste.
Según varios analistas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría aprovechar el impacto político para adelantar las elecciones generales y convertirlas en un referéndum sobre la política de vivienda.
Consecuencias del voto
El rechazo de Junts a los decretos ha dejado sin mayoría a la coalición de Gobierno, que necesitaba el apoyo catalán para aprobar la medida.
Los partidos de la izquierda han denunciado la maniobra como una estrategia de bloqueo que pone en riesgo a miles de familias vulnerables.
Reacciones y escenarios
El PP y Vox han señalado que la crisis de vivienda exige una respuesta clara. Han pedido al Ejecutivo que busque soluciones alternativas.
La fuente describe el mercado del alquiler como completamente desbocado.
Si el Gobierno decide convocar elecciones anticipadas, los partidos competirán en un contexto dominado por la cuestión de la vivienda.
En cualquier caso, la caída de los decretos marca un punto de inflexión que podría definir el rumbo político de los próximos meses.
Según varios analistas, la decisión de Junts sobre los decretos de vivienda ha puesto a la legislatura en una posición de vulnerabilidad. Puigdemont y su partido ejercen una presión que muchos interpretan como un intento de acelerar su fin.
Actualización (05 de octubre a las 15:32): PP, Vox y Junts votan en contra de los textos del Ejecutivo y presentan sus propias medidas para ampliar la oferta y reducir impuestos
El viernes 4 de octubre el Congreso tumbó los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo, con la oposición del Partido Popular, Vox y Junts. La decisión se produce tras el desahucio de Maricarmen la semana anterior, que había centrado la agenda política en la crisis habitacional.
El Partido Popular, el grupo con mayor representación en el Parlamento, presentó una batería de iniciativas. Incluye una nueva Ley del Suelo para blindar los planes urbanísticos frente a anulaciones judiciales. Propone que solo los errores graves de tramitación permitan tumbar un plan. El resto podrá corregirse en un plazo de un año sin que el plan deje de aplicarse. Además, el PP plantea crear un Portal del Suelo público con información sobre parcelas disponibles. Propone rebajar el IVA de la compra de vivienda nueva del 10% al 4% y reducir el ITP en las comunidades autónomas.
Entre otras propuestas populares destacan el aumento de avales públicos hasta el 100%. También una bonificación del IRPF para quienes destinen ahorro a vivienda. El partido también sugiere incentivos para rehabilitar viviendas vacías y aplicar el silencio administrativo positivo en 90 días, evitando bloqueos de licencias.
Vox propone eliminar el IVA en la primera vivienda
Vox, por su parte, aboga por ampliar el suelo disponible, simplificar la administración y reducir impuestos en la fase de construcción. Entre sus medidas concretas se encuentran la supresión del IVA en la compra de la primera vivienda y la bonificación del 100% de las donaciones familiares para ese fin. Vox también propone la condonación parcial del crédito vinculada a objetivos de natalidad.
Junts presentó un borrador de decreto que limita hasta 2028 la compra de viviendas por bancos, fondos y grandes tenedores. El texto permite que un juez ordene el desalojo cautelar de una vivienda ocupada ilegalmente si los ocupantes no acreditan un título en 48 horas. Además, Junts plantea reducir el IVA al 5% para vivienda nueva y eximir fiscalmente la transmisión de viviendas desocupadas a la Administración. También suspender desahucios de inquilinos vulnerables cuando el propietario sea un fondo o gran tenedor.
Junts limita la compra de vivienda a fondos hasta 2028
El PNV, aunque sin programa concreto, reclama modificar la Ley del Suelo para atender a gestores municipales. También regular el alquiler de temporada, diferenciándolo del turístico. Asimismo, propone que el alquiler turístico pague un IVA del 10% al considerarse actividad económica.
Podemos propone expropiar el derecho de uso de viviendas de fondos buitre y bajar los precios de los alquileres por ley. También prohibir compras sin fin residencial. ERC, según información de La Vanguardia, apuesta por reducir la fiscalidad de la compra de vivienda habitual mediante un descuento del ITP. También por una reforma tributaria progresiva según el número de viviendas en propiedad.
El presidente de la patronal de la construcción, Pedro Fernández Alen, señaló a Vozpópuli que la vivienda es un puzle que requiere voluntad política. Aseguró que el déficit acumulado de vivienda superará el millón de casas en 2028, según cálculos del Banco de España. Añadió que es urgente desbloquear la Ley del Suelo, revisar precios y lanzar un plan de choque para incorporar 700.000 profesionales al sector.
Actualización (05 de octubre a las 15:02):
Latorre acusa al PP de votar contra la gente y le exige aclarar qué medidas de los decretos rechaza
El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista, José Latorre, ha acusado al PP de ‘votar en contra de la gente’ por su rechazo a los decretos de la vivienda. El rechazo en el Congreso ha impedido aprobar dos normas sobre acceso a la vivienda y protección de los inquilinos. El presidente del Gobierno ha anunciado un adelanto electoral para el 29 de noviembre.
Latorre ha señalado que la negativa del PP se basa en su estrategia de votar contra Pedro Sánchez. Añade que no tiene en cuenta a jóvenes, trabajadores, familias o pequeños propietarios. En la rueda de prensa, ha exigido al PP que aclare qué medidas de los decretos no le gustan, porque hay cosas que cuestan mucho explicar. Ha recordado que el PP votó en contra de la deducción estatal del 10% para inquilinos, una rebaja anual de 1.163 euros.
Latorre también ha destacado que el PP rechazó la financiación pública del 20% de la primera vivienda para parejas jóvenes. Incluía hasta 50.000 euros a 0% de interés y sin comisiones. Ha indicado que PP, Vox y Junts se opusieron a prorrogar los contratos de alquiler entre cinco y siete años. ‘La vivienda no son solo 4 paredes, la vivienda también es el barrio donde uno ha organizado su vida o ha escolarizado a sus hijos’, ha defendido Latorre.
Latorre ha subrayado que el PP también votó en contra de acabar con el fraude de los alquileres de temporada. Consiste en presentar una residencia habitual como alquiler temporal para especular con los precios. Según él, el decreto exigía una causa real temporal para considerar un alquiler como temporal. Ha manifestado que se pregunta si de verdad alguien puede estar en contra de esto y que a ellos les parece una cuestión de sentido común.
Por último, Latorre ha desmentido que los decretos fueran en contra de los propietarios. Señala que incluían reducciones fiscales en el IRPF para quienes ofrecieran alquileres asequibles. ‘Nosotros distinguimos entre los pequeños propietarios y quienes tienen viviendas para especular’, ha concluido Latorre.
Actualización (05 de octubre a las 09:08):
La responsable política denuncia que el Govern no consensuó la iniciativa con los comuns y alerta del impacto en los presupuestos locales
La Consol d’Escaldes-Engordany ha cuestionado el proceso del Govern para elaborar el proyecto de ley que fomenta la construcción de vivienda a precio asequible.
La Consol reclama que la iniciativa se trabajara con seriedad y responsabilidad con los comuns. Niega que el ejecutivo la haya trabajado con las corporaciones locales.
La Consol expresa su preocupación por el impacto en los presupuestos comunales, ya que afecta a la cesión económica y al impuesto de la construcción.
La Consol mantiene su compromiso con la vivienda asequible y apoyará las medidas que sean buenas, tras analizar todas las consecuencias.
La Consol insiste en que las decisiones deben tomarse tras analizar todas las consecuencias y asegura que en este caso no ha sido así.
La iniciativa ya ha sido remitida al Consell General, donde continuará su tramitación legislativa.
El próximo paso será esperar la opinión de la Sindicatura.
El Govern, liderado por el president del Govern, ha defendido la necesidad de impulsar la oferta de vivienda para responder a la creciente demanda, pero no ha respondido directamente a las críticas de la Consol.
Este debate se enmarca en un contexto en el que Andorra la Vella y los comarques vecinos buscan equilibrar la expansión inmobiliaria con la sostenibilidad fiscal de los entes locales.
La falta de consenso entre el Govern y las corporaciones locales podría retrasar la aprobación del proyecto, lo que a su vez afectaría la puesta en marcha de medidas de vivienda asequible previstas para los próximos años.
Actualización (04 de octubre a las 20:18):
El primer real decreto suspende los desahucios de grandes empresas hasta 2030 y prohíbe compras de fondos por debajo del 70% del valor de tasación
El Gobierno aprobó el sábado un paquete de medidas de vivienda que el Congreso convalidará el viernes. La coalición de PSOE y Sumar dividió las iniciativas en dos reales decretos ley ante la falta de apoyos parlamentarios.
Prohibición de desahucios y enervación del procedimiento
El primer decreto suspende los desahucios en inmuebles de grandes empresas que hayan adquirido carteras de hipotecas impagadas por debajo de su valor de mercado. La medida se aplica desde el jueves y hasta el 31 de diciembre de 2030. El juez podrá suspender el procedimiento aunque exista una resolución, si el lanzamiento no se ha ejecutado. No se prevén compensaciones para los propietarios.
El texto introduce la enervación: si hay vulnerabilidad del inquilino y la administración no ofrece alternativa habitacional, esta dispondrá de dos meses para dejar sin efecto el desahucio pagando las rentas debidas. Si no lo hace, se subroga en la deuda y mantiene vigente el contrato.
Regulación de la compra especulativa y otras novedades
El mismo decreto prohíbe la compra de viviendas a entidades, con o sin personalidad jurídica, que tengan en su objeto social adquirir inmuebles por un precio inferior al 70 % de su valor de tasación de mercado.
Se establece una prórroga extraordinaria para contratos de arrendamiento habitual hasta 2028. También un límite a la actualización de rentas del 2 % cuando no haya pacto y la prohibición de repercutir honorarios de gestión o tributos al inquilino.
Otras disposiciones incluyen la imposición de un IVA reducido del 10 % a las viviendas de alquiler turístico, bonificaciones fiscales para inquilinos con base imponible de hasta 33 000 euros, y la autorización a ayuntamientos para aplicar recargos de hasta el 150 % en el IBI de viviendas desocupadas.
El segundo decreto contempla la indemnización de doce mensualidades a inquilinos cuando el arrendador no prorrogue el contrato, con excepciones para uso propio o familiar y requisitos de ocupación efectiva.
Actualización (04 de octubre a las 12:07):
El sondeo, realizado este fin de semana, incluye intención de voto y llega mientras Sánchez evalúa adelantar las elecciones al 29 de noviembre
El CIS, que preside José Félix Tezanos, realiza este fin de semana una encuesta sobre el desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal, según ha publicado El Español. El cuestionario también incluye la valoración de los dos decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes.
El cuestionario plantea, entre otras, la siguiente cuestión: «En estos casos, ¿qué debería tener más importancia, el cumplimiento de la ley y los contratos, o la protección al vulnerable?» Según El Español, la formulación plantea una falsa dicotomía, como si el cumplimiento de la ley y la protección del vulnerable fueran opciones excluyentes.
Otro ítem del sondeo pregunta: «¿En estos momentos, cree que habría que priorizar la vivienda como bien de mercado o como derecho constitucional?» Según El Español, el enunciado busca de nuevo una respuesta inducida, como si el derecho a la vivienda fuera incompatible con su condición de bien de mercado.
El CIS no pregunta por Ábalos ni por el hermano de Sánchez
El estudio también pregunta por las principales medidas de los decretos de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó el martes. El CIS no pregunta por la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos ni por la condena del hermano de Pedro Sánchez.
La encuesta mantiene las preguntas habituales sobre valoración de los líderes, intención de voto para las generales y las autonómicas, y recuerdo de voto. También se indaga sobre la guerra en Ucrania, el cambio climático, la situación económica de España y los problemas que más preocupan a la ciudadanía.
El sondeo llega mientras el presidente Pedro Sánchez evalúa este fin de semana si adelanta las elecciones al 29 de noviembre.
Un precedente: 1.800 entrevistas en 2024
El CIS hizo una encuesta flash con 1.800 entrevistas telefónicas durante los cinco días de reflexión de Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. En esa ocasión, Tezanos preguntó si la imputación estaba justificada o si era una manera de meterse con Pedro Sánchez con el fin de hacerle daño.
El presente sondeo, al incluir preguntas sobre el caso de Maricarmen Abascal y los decretos de vivienda, busca medir la opinión pública en un momento clave para el Gobierno. Los resultados podrían influir en la estrategia del Ejecutivo antes de la posible convocatoria anticipada de elecciones.
Ficha técnica
- Encuesta: CIS
- Trabajo de campo: este fin de semana
Actualización (03 de octubre a las 17:08): PP, Vox, Junts y UPN tumban la suspensión de desahucios y la prórroga de contratos; PNV y Coalición Canaria se suman al rechazo del segundo
Los dos reales decretos aprobados por el Gobierno sobre vivienda han quedado derogados en el Congreso de los Diputados tras el Pleno extraordinario del viernes. La Cámara Baja rechazó la convalidación de ambas normas con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. En el segundo texto se sumaron también PNV y Coalición Canaria para consolidar el rechazo.
La primera de las disposiciones derogadas suspendía los desahucios de familias vulnerables. El segundo decreto garantizaba la prórroga automática de los contratos de arrendamiento vigentes. Con la caída de estas dos medidas decaen también el tope del 2% a la renovación del alquiler y el IVA reducido al alquiler turístico.
Ruptura de la mayoría y movilización ciudadana
La sesión parlamentaria reflejó reproches cruzados entre el Gobierno, sus socios y la oposición sobre quién deja desprotegidos a los inquilinos. Fuera del hemiciclo, centenares de personas se concentraron en los alrededores de la Cámara. La acampada de la Puerta del Sol seguía activa.
La coincidencia de Junts con el bloque de la derecha muestra las dificultades técnicas para articular mayorías estables en materia económica e inmobiliaria. Al decaer los decretos ley, el Gobierno pierde las medidas aprobadas semanas atrás y debe reiniciar la tramitación si busca reactivarlas.
La pugna parlamentaria en materia de arrendamientos
El artículo 86 de la Constitución exige que todo real decreto ley reciba la convalidación del Congreso en un plazo máximo de 30 días. Al no obtener el aval de la Cámara, las normas pierden su vigencia jurídica desde el momento de la votación.
La derogación de ambas iniciativas deja el régimen de arrendamientos urbanos bajo el marco legal ordinario anterior a estas medidas de urgencia. Los propietarios e inquilinos regresan a las condiciones contractuales generales sin el tope del 2% ni la suspensión de los lanzamientos judiciales de hogares vulnerables.
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Actualización (03 de octubre a las 16:27):
Junts, PP, Vox y UPN votan en contra, dejando a 5 millones de inquilinos sin la protección prevista
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha visto cómo los dos decretos que el Gobierno aprobó el martes para frenar la crisis de alquileres fueron rechazados el viernes en el Congreso. Los siete diputados de Junts se unieron a PP, Vox y UPN para rechazar las iniciativas. Estas incluían la prórroga de contratos de alquiler por dos años y la protección contra desahucios para vulnerables. La caída de los decretos deja sin efecto medidas que, según cálculos del Ministerio de Consumo, beneficiaban a 5 millones de personas y afectaban a 1.895.676 contratos.
El Gobierno había dividido las propuestas en dos decretos para intentar un acuerdo con Junts. Con el rechazo, pierde una de sus principales banderas sociales en un momento de desgaste para Pedro Sánchez. Este momento está marcado por la crisis de Ceuta y las investigaciones de corrupción en su entorno. Sin embargo, el fracaso parlamentario abre un escenario que algunos sectores consideran inesperado: el adelanto electoral. Fuentes del PSOE ya valoran la posibilidad de usar el bloqueo como argumento para convocar elecciones, transformando el conflicto en un eje movilizador.
Junts, por su parte, presentó en el pleno una alternativa propia. La formación la define como ‘técnicamente solvente’ y más contundente contra los fondos buitre. La formación argumenta que los decretos del Gobierno reducirían la oferta de vivienda y encarecerían los alquileres. Esto, según Junts, agravaría la situación de las familias con menos recursos. Borja Sémper, portavoz del PP, tachó las medidas de «disparate» y criticó al Ejecutivo por actuar con «parches» tras ocho años sin políticas efectivas.
El impacto real: 5 millones de inquilinos sin protección
Los decretos rechazados incluían dos medidas clave: la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler por dos años y la ampliación de la protección contra desahucios para colectivos vulnerables. Según datos del Ministerio de Consumo, basados en el Panel de Hogares de 2023, la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 y registros del INE, la caída de estas medidas afecta directamente a 1.895.676 contratos de alquiler. Además, deja sin cobertura a 5 millones de personas en riesgo de exclusión residencial.
La prórroga, en particular, habría sido la pieza más ambiciosa. Su objetivo era alargar los contratos en un contexto de inflación persistente y escasez de viviendas en alquiler. Sin embargo, Junts y las derechas argumentan que estas restricciones ahuyentarían a inversores y reducirían aún más la oferta, empeorando la situación. La formación independentista insiste en que los textos no son lo suficientemente contundentes contra los fondos buitre, un sector que ha sido señalado como uno de los principales responsables de la especulación en el mercado.
Sumar acelera su reunificación electoral
La derrota de los decretos también tiene consecuencias internas en el Gobierno. Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, ha sido especialmente crítico con Junts durante la negociación. Considera que el rechazo evidencia la dificultad de construir una mayoría progresista estable con los independentistas. Pero, al mismo tiempo, la crisis de vivienda ha servido para impulsar la reunificación del espacio liderado por Yolanda Díaz. Este espacio lleva meses sin candidato ni marca electoral definida.
El domingo, los partidos que integran Sumar —Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar— se reúnen de forma extraordinaria. El objetivo es analizar escenarios y preparar una eventual convocatoria electoral. La reunión, no prevista inicialmente, adquiere ahora especial relevancia, ya que el espacio sigue sin definir su candidato y su marca definitiva pese a meses de trabajo. La vivienda, sin embargo, les ha permitido recuperar un perfil propio dentro del Gobierno y acelerar un proceso que hasta ahora avanzaba con lentitud.
El escenario político tras el bloqueo
La caída de los decretos devuelve la vivienda al punto de partida, pero en un contexto político radicalmente distinto. Sánchez se enfrenta ahora a una mayoría parlamentaria cada vez más frágil y a una calle que, por primera vez en años, ha colocado el tema en el centro del debate. El Ejecutivo, que intentó hasta el último momento evitar el naufragio con concesiones a Junts, ha optado finalmente por llevar la votación al límite, sabiendo que dependía de unos votos que los independentistas catalanes habían decidido entregar al bloque de derechas.
La pregunta ahora no es solo qué pasará con las medidas bloqueadas. También es qué hará Sánchez con una legislatura atrapada en una mayoría inestable. Mientras, la calle —con movilizaciones sociales y el caso de Maricarmen Abascal como símbolos— sigue presionando. El Gobierno, en cambio, se queda sin su principal herramienta para recuperar iniciativa política. Además, cuenta con un argumento que algunos sectores del PSOE ya consideran ideal para convocar elecciones: el bloqueo parlamentario de unas medidas presentadas como respuesta a una demanda social creciente.
La portavoz de Junts pide a los empresarios de la cena de Pimec ayuda para explicar la posición de su partido sobre ambos textos
Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria de Junts per Cataluña, dejó el martes en el aire el apoyo de su formación a los decretos de vivienda del Gobierno durante la cena anual de la patronal Pyme en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Ante casi 1.000 asistentes —empresarios, representantes institucionales y partidos—, Según fuentes presentes en el acto, el rechazo al segundo decreto se daba por descontado y la duda era qué votaría Junts al primero.
La portavoz catalanista no solo evitó comprometerse con la aprobación de las medidas, sino que pidió apoyo a los empresarios para justificar su postura ante la presión política. Según confirmaron fuentes presentes en el acto a elDiario.es, Nogueras buscó en los corrillos con representantes empresariales una alianza estratégica para facilitar la explicación de su posición en un contexto donde el Gobierno ya anticipa tensiones en el Congreso.
El evento, celebrado en un entorno de alto nivel institucional, convirtió a Nogueras en el centro de atención al ser la única representante política que abrió la puerta a un rechazo explícito a los decretos. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez intenta sumar apoyos para aprobar las medidas antes de que acabe el año, Junts —clave en la mayoría parlamentaria— condiciona su voto a cambios sustanciales o, en el peor escenario, a su retirada.
El primer decreto, centrado en el alquiler social, ya generaba escepticismo en Junts, que lo considera insuficiente para frenar la especulación. El segundo, sobre vivienda pública, choca frontalmente con la línea independentista, que lo ve como una intromisión del Estado central en competencias autonómicas.
La estrategia de Nogueras —buscar respaldo empresarial para justificar su postura— refleja la división interna en Junts sobre cómo votar. Mientras algunos sectores del partido presionan por rechazar ambos textos, otros intentan negociar modificaciones. La cena de Pyme, por tanto, no solo fue un foro de debate, sino un termómetro de la capacidad de Junts para mantener su papel de bisagra en la legislatura.
