Pablo Rodríguez pide que se declare Las Palmas zona tensionada

Rodríguez señala que la Ley estatal de Vivienda de 2023 permite la declaración de zonas tensionadas, pero exige un procedimiento administrativo

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), acusó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de permitir la transformación de edificios residenciales en hoteles y alojamientos turísticos, reduciendo la oferta de viviendas y expulsando a vecinos de barrios como Guanarteme.

Al mismo tiempo, Rodríguez reclamó que la ciudad sea declarada zona tensionada de mercado residencial.

En respuesta a la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Carmen Hernández, el consejero señaló que el planeamiento urbanístico municipal ha permitido convertir edificios completos de viviendas en hoteles. Añadió que el Consistorio podría haber modificado su plan general para impedir esa conversión.

Responsabilizó al gobierno municipal, integrado por PSOE, Nueva Canarias y Podemos, de contribuir a la reducción de la oferta residencial y a la salida de vecinos de los barrios. Criticó que esas formaciones, que llevan más de ocho años gobernando la ciudad, señalen a otras administraciones sin asumir su propia responsabilidad. «Es lamentable que intenten señalar a todo el mundo, menos a ustedes mismos que llevan más de ocho años gobernando Las Palmas de Gran Canaria, expulsando a la gente de los barrios», afirmó.

Durante el debate sobre la solicitud municipal, explicó que la Ley estatal de Vivienda de 2023 permite declarar zonas tensionadas. Sin embargo, la declaración no es automática y requiere un procedimiento administrativo. El Ayuntamiento presentó una solicitud formal que abarca todo el municipio y no una zona concreta. El Gobierno autonómico solicitó documentación adicional y la tramitación debe ajustarse a los requisitos legales.

Carmen Hernández acusó al Ejecutivo canario de retrasar el procedimiento y defendió que la declaración permitiría limitar los precios del alquiler y aliviar a las familias con rentas elevadas. Citó datos oficiales de Cataluña que muestran una bajada de los alquileres en los 302 municipios donde se aplicó la medida.

Rodríguez cuestionó la eficacia de la limitación de precios, señalando que en Cataluña la media bajó por la reducción de alquileres superiores a 2.500 euros, mientras las rentas bajas no disminuyeron. Afirmó que la oferta de viviendas se ha reducido en más de un 20 %.

Concluyó que la limitación de alquileres debe estudiarse junto con medidas que aumenten la oferta residencial para evitar agravar el problema de acceso a la vivienda.