La norma, primera en Asturias, crea un marco legal para la intervención de sindicatos y empresariales en el diseño y seguimiento de políticas públicas
Las claves
- Los representantes sindicales y de la patronal asturiana participaron en las comparecencias informativas del proyecto de ley.
- Abel Suárez, secretario de Organización de UGT, afirmó que la normativa subsana una "anomalía" del ordenamiento jurídico asturiano.
- Suárez describió la ley como un instrumento jurídico para dar estabilidad efectiva a la democracia participativa.
- José Manuel Zapico, secretario general de CC OO en Asturias, acogió con "satisfacción" el proyecto pero pidió correcciones de calado.
- Zapico señaló que la norma excluye a sociedades mercantiles públicas y a fundaciones del sector público asturiano.
Los sindicatos CC OO y UGT y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) apelaron a la responsabilidad de los partidos para aprobar la Ley de Participación Institucional del Principado, que dota por primera vez de un marco legal a la intervención de organizaciones sindicales y empresariales en el diseño y seguimiento de políticas públicas.
Todos resaltaron que se da «seguridad jurídica» a la ya tradicional concertación social.
Representantes sindicales y de la patronal asturiana participaron en las comparecencias informativas del proyecto de ley, que establece derechos, deberes, ámbitos de aplicación y principios de la participación institucional.
Abel Suárez, secretario de Organización de UGT, aseguró que la normativa subsana una «anomalía» existente en el ordenamiento jurídico de la comunidad. Según Suárez, «Esta ley no es un mero procedimiento administrativo es un instrumento jurídico para dar estabilidad efectiva a esa democracia participativa». Añadió que el texto «viene a disipar cualquier tentación de vaciar de contenido la representación social».
José Manuel Zapico, secretario general de CC OO en Asturias, acogió con «satisfacción» el proyecto de ley, aunque precisó que necesita «correcciones de calado» para que no quede «castrado» ni excluya parcelas clave de la actividad pública autonómica. Zapico advirtió que la norma deja fuera a las sociedades mercantiles públicas y a las fundaciones del sector público asturiano, una «exclusión que carece de toda coherencia». Reclamó que la ley fije «con total claridad el principio de no regresión presupuestaria», de modo que la consignación anual a las organizaciones no sea inferior al ejercicio anterior.
María Calvo, presidenta de FADE, describió el proyecto como un «buen proyecto» de ley que conjuga simplicidad normativa y claridad. Sin embargo, señaló que «llega tarde» tras más de 30 años de la norma aprobada en la Comunidad de Madrid. Calvo afirmó que el texto es «necesario» y que no crea «órganos nuevos ni estructuras paralelas», sino que «ordena una responsabilidad que ya ejercemos y pone reglas, derechos y obligaciones». Pidió a los partidos políticos que impulsen la ley con el mayor consenso posible.
Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo, declaró que la ley trata de paliar una «carencia» ya que la mayoría de comunidades disponen de una ley autonómica similar, y que aporta «transparencia y estabilidad» al diálogo social consolidado.
Andrés Ruiz, diputado del PP, describió la iniciativa como una ley «tardía, pero oportuna» y anunció que su partido la enmendará para «intentar mejorar».
Sara Álvarez, representante de Vox, advirtió que la norma es «espuria» y que «nace de un pacto ventajista para beneficiar a los sindicatos de clase y blindar las partidas que reciben bajo el camuflaje de esa participación institucional».
Adrián Pumares, parlamentario de Foro Asturias, no cuestionó la destinación de recursos públicos a la función de las organizaciones. Sin embargo, solicitó que se garantice «con suficiente precisión qué actividades se financian, cómo se calculan las cantidades y cómo se justifican» esas cuantías.
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