CRedacción Capitol·6 de agosto de 2026·2 min de lectura
El juez Calama ordena un informe exhaustivo a la UDEF para evaluar su impacto en las ayudas públicas de 2021
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) elaborar un informe exhaustivo sobre la evolución del accionariado de Plus Ultra desde su constitución en 2011, con especial atención a los cambios registrados a partir de 2017. La medida responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, que quiere determinar si la entrada de capital de origen venezolano en la aerolínea influyó en su situación al solicitar las ayudas públicas concedidas en 2021.
La fiscal Elena Lorente destaca en su escrito que, aunque la compañía fue fundada el 25 de agosto de 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, a partir de 2017 se produjeron cambios accionariales significativos. Estos coincidieron con la incorporación al capital y a los órganos de gestión de personas vinculadas a Venezuela, un aspecto ya señalado en un informe policial de 2025, cuando la causa aún estaba bajo secreto de sumario.
Publicidad
Entre los nuevos socios que entraron en 2017 figuran Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo Reyes Rojas —cuyo teléfono fue intervenido por autoridades estadounidenses y cuya información fue clave para la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero—, María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Porqués Tarff. También se menciona a Raif El Arguye Barbie, que ocupó cargos de responsabilidad sin ser accionista, y al empresario venezolano Alcides José Carián Carrión por sus relaciones financieras con la compañía.
Según la radiografía del accionariado de Plus Ultra en 2021, elaborada por la UDEF con datos de inteligencia financiera, la aerolínea contaba entonces con 23 socios, de los cuales 15 eran sociedades mercantiles. Estas habían aportado en conjunto 18,8 millones de euros. La mayor participación correspondía a Snip Aviación, con 8,5 millones (45,33% del capital), seguida de Fly Spain (2,1 millones) y Alva Skies and Wings (1,7 millones). Entre los accionistas individuales destacaban Flavio Porqués Tarff y Héctor Antonio Tobía Roye, con aportaciones superiores a 1,4 millones de euros, mientras que el entonces presidente, Julio Martínez Sola, aparecía con apenas 6,49 euros.
El informe solicitado deberá reconstruir toda la evolución accionarial, identificando cambios en la propiedad, aportaciones, fuentes de financiación y cualquier otro aspecto relevante para la investigación. El objetivo es esclarecer si la estructura societaria de la aerolínea cumplía los requisitos al solicitar el rescate público el 1 de septiembre de 2021.
