CRedacción Capitol·13 de octubre de 2026·1 min de lectura
El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión del censo electoral para los beneficiarios de la ‘ley de nietos’ tras la falta de acreditación
Zarzalejos aclara que la única entidad que ha impugnado esas medidas es el abogado del Estado.
La medida cautelar tiene como objetivo verificar si la concesión de la nacionalidad a miles de ciudadanos en el exterior cumple los requisitos legales aprobados en 2022. El propio Tribunal Supremo indica que la suspensión no afecta a los casos en que los consulados demuestren que la nacionalización se realizó conforme a la ley.
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Los ciudadanos afectados disponen de un plazo de cinco días para personarse ante el Tribunal Supremo y presentar las alegaciones que estimen oportunas. El Supremo resolverá cada expediente de forma personalizada, garantizando la protección individual de los votantes.
Zarzalejos explica que las medidas cautelares se basan en la apariencia de buen derecho y en el riesgo de que, sin ellas, el proceso pierda sentido. El experto advierte que alterar el censo sobre bases jurídicamente discutibles constituye una gravedad enorme.
Zarzalejos lamenta la falta de respuesta de la administración para aportar la documentación requerida por los jueces. Según él, los consulados deberían ya disponer de la documentación que acredite la filiación de parentesco en cada expediente de nacionalización. Si la prueba del exilio no consta en el expediente, ese es el verdadero problema de la concesión.
