CRedacción Capitol·7 de agosto de 2026·3 min de lectura
La cúpula etarra seleccionó al entonces concejal del PP en San Sebastián como objetivo y dio la orden para su asesinato en 1995
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de 30 años de prisión para cinco exjefes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995. Los acusados son Mikel Alvise, Ignacio Gracia Arregui, Juan Luis Aguirre Lete, Julián Achurra y José Javier Aricaren Ruiz.
La Fiscalía sostiene que la cúpula etarra seleccionó a Ordóñez como objetivo y dio la orden para su asesinato, que se llevó a cabo el 23 de enero de 1995 en el bar La Cepa de San Sebastián. El entonces concejal del PP fue tiroteado mientras almorzaba con algunos compañeros de partido.
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La estrategia de desestabilización de ETA
La Fiscalía recuerda que, tras la desarticulación de la cúpula de ETA en Bidart en 1992, la organización terrorista impulsó una nueva estrategia de desestabilización, que se enfocó en atentar contra objetivos de especial relevancia en la vida política, académica, periodística o judicial del país.
En este contexto, el asesinato de Ordóñez se enmarca como un intento de ETA de estrenar esta nueva estrategia, seleccionando a un político del PP como objetivo. La cúpula etarra, según la Fiscalía, tomó la decisión de asesinar a Ordóñez de forma colegiada y consensuada.
La orden de asesinar a Ordóñez
La orden de asesinar a Ordóñez fue transmitida por José Javier Aricaren Ruiz, también conocido como Cantaura, al comando Donosti durante las Navidades de 1994. Los miembros del comando, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, también conocido como Txapote, y Valentín Lasarte, asumieron y acataron la orden, planificando el asesinato según las instrucciones recibidas.
La Fiscalía también destaca que los acusados ya habían sido condenados por otros delitos relacionados con la actividad terrorista de ETA. En concreto, Javier García Gaztelu, también conocido como Txapote, ya había sido condenado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Según la ley española, la Fiscalía tiene la competencia para investigar y acusar a los responsables de delitos terroristas. En este caso, la Fiscalía ha solicitado una pena de 30 años de prisión para los cinco exjefes de ETA, lo que refleja la gravedad del delito y la importancia de castigar a los responsables de la violencia terrorista.
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El proceso judicial contra los cinco exjefes de ETA se enmarca en el marco legal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece las normas para la investigación y el enjuiciamiento de delitos terroristas. La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación, que será sometido a debate en el juicio oral.
La Fiscalía también ha solicitado que los acusados indemnicen con 200.000 euros a la familia de Gregorio Ordóñez y que se les imponga una pena de 30 años de inhabilitación absoluta. Además, se les prohíbe volver a San Sebastián o al lugar de residencia de la familia de la víctima durante un periodo de cinco años desde que recuperen la libertad.
La Fiscalía ha argumentado que la cúpula de ETA, tras la desarticulación de la cúpula en Bidart en 1992, logró restablecer la organización terrorista y impulsó la incorporación de nuevos integrantes a la dirección etarra. Los acusados, según la Fiscalía, pasaron a integrar el nuevo Comité Ejecutivo de ETA, responsable del asesinato de Ordóñez.
