Redacción Capitol·18 de octubre de 2026·3 min de lectura
El Gobierno advierte que cada año se crean unos 240 000 nuevos hogares, mientras la oferta de vivienda cubre apenas la mitad de esa demanda
Las claves
Todas las CCAA rechazaron aplicar la Ley de Vivienda de 2023, salvo Cataluña y casos puntuales.
Los dos decretos de urgencia que el Gobierno intenta salvar ‘in extremis’ con la Diputación Permanente controlan precios y demanda a corto plazo.
Las competencias en vivienda, suelo y licencias están en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos.
El déficit acumulado de inmuebles en los últimos cinco años es de 750.000, pudiendo llegar a un millón en 2028.
Los precios de la vivienda han subido más de un 50 % en los últimos cinco años según el INE.
El problema de la vivienda se ha convertido en el detonante de las elecciones del 29-N y el tema principal que cada partido deberá incluir en su programa electoral de forma ineludible.
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El presidente Sánchez y sus socios de izquierdas están aprovechando el estallido social para despertar un voto dormido y hacer frente al empuje de la derecha.
Todas las comunidades autónomas rechazaron aplicar esa ley, salvo Cataluña y casos puntuales de otros territorios, convirtiéndola en una de las normas más inútiles de la legislatura. Desde entonces se han producido una decena de iniciativas legislativas fallidas y ahora el Gobierno intenta salvar ‘in extremis’ dos decretos de urgencia con la Diputación Permanente. Esos decretos pretenden controlar precios y demanda a corto plazo, pero no resuelven la falta de construcción de nuevos pisos.
Las competencias en vivienda, suelo y licencias administrativas están en manos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, frente a un Ejecutivo que propone una legislación marco restrictiva. Cada año se crean unos 240.000 nuevos hogares que necesitan vivienda, pero la construcción solo cubre la mitad de esa demanda. El déficit acumulado en los últimos cinco años asciende a 750.000 inmuebles y podría alcanzar un millón en 2028 según el Banco de España.
Las rentas de alquiler han aumentado una media del 45 % desde 2021, llegando al 70 % en zonas tensionadas como Madrid, Barcelona y Baleares. La demanda de vivienda duplica cada año la oferta que el sector de la construcción residencial puede poner en el mercado.
Casi un 7 % del mercado sigue compuesto por viviendas cedidas por familiares. El 90 % del mercado de alquiler pertenece a pequeños propietarios particulares, mientras que solo el 4 % corresponde a grandes fondos o tenedores de más de diez pisos.
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Un estudio de Funcas indica que existe suelo calificado para construir siete millones de pisos en manos de CCAA, ayuntamientos y grandes fondos. Si se construyeran solo 1,2 millones de esas viviendas en los próximos tres años, tanto libres como sociales, el problema de la falta de vivienda estaría en vías de solución.
Un 65 % de las familias españolas ya no pueden comprar una vivienda sin arruinarse, según el informe del Banco de España. El número de compraventas lleva varios meses a la baja, con menos operaciones pero a precios más altos, señalando que se ha tocado techo.
Los dos decretos de urgencia del Gobierno establecen una subida máxima de rentas del 2,5 % anual y prorrogan los contratos de alquiler. Según el Banco de España, la falta de nuevas viviendas podría crear una “dualidad irresoluble” entre propietarios y outsiders.
Qué dicen las encuestas
La media de 26 encuestas publicadas en los últimos 28 días, calculada por el agregador de Capitol, da estos resultados para las generales del 29 de noviembre: PP el 31,8 % (137 escaños), PSOE el 26,8 % (104 escaños), Vox el 18,5 % (61 escaños) y Sumar el 6,3 % (10 escaños). La mayoría absoluta en el Congreso está en 176 diputados.
