Redacción Capitol·19 de octubre de 2026·2 min de lectura
El caso, iniciado en 2014 por la jueza Mercedes Alaya, nació con la operación Barrado de la UCO el 24 de marzo de 2015
Las claves
Según la defensa, el informe de la IGAE y la IGJA "no informa de nada" y no responde a lo solicitado por el instructor.
El juez acordó el archivo de la investigación a petición de la Fiscalía Anticorrupción, pero la Audiencia reabrió la causa para practicar nuevas diligencias.
La defensa insta al juez a practicar las "diligencias rezagadas" acordadas en julio de 2019.
El caso, conocido como la «pieza política» de la macrocausa de los cursos de formación, tiene como imputados a 24 altos cargos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tanto en los servicios centrales como en las delegaciones provinciales.
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La investigación se originó con la operación Barrado, llevada a cabo por la UCO el 24 de marzo de 2015, y lleva más de once años en curso.
El último informe de los interventores de la IGAE y la IGJA llegó en noviembre de 2025 y respondía a una petición del instructor de julio de 2019, seis años antes de su emisión. La defensa califica dicho informe como «una clara y total tomadura de pelo, totalmente inadmisible, inaceptable e intolerable» y lo considera una burla al juzgado y a la Administración de Justicia.
Según la defensa, el informe de la IGAE y la IGJA «no informa de nada» y no responde a lo solicitado por el instructor sobre el estado de los análisis y la investigación. El juez había acordado previamente el archivo de la investigación a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, la Audiencia de Sevilla reabrió el caso en 2019 para practicar nuevas diligencias, entre ellas la revisión de expedientes físicos.
La defensa insiste en que se practiquen las «diligencias rezagadas» acordadas en julio de 2019, alegando que la falta de cumplimiento vulnera la inteligencia y el mínimo respeto a la obligación contraída. Las defensas han presentado alegaciones a los informes periciales y a los últimos atestados de la UCO, solicitando el sobreseimiento y archivo por considerar que no existen indicios de delito tras más de una década de investigación.
El proceso fue iniciado por la jueza Mercedes Alaya en 2014, quien acusó a ex altos cargos del gobierno socialista de la Junta de haber creado una red de «clientelismo político» mediante subvenciones a actividades formativas. El informe de la UCO afirma que en ninguno de sus atestados se planteó, siquiera como hipótesis criminal, la existencia de una red clientelar. Sin embargo, la jueza Mercedes Alaya utilizó el término «red clientelar» en varios autos del procedimiento.
